El ex director de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), Guillermo René Scarcella, presunto testaferro de Daniel Scioli e investigado por malversación de fondos de la administración pública, deberá devolver, junto con otros funcionarios, $ 51 millones al estado provincial luego de que se comprobaran irregularidades en los gastos de la empresa durante su gestión.
La medida fue resuelta por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y también involucra a colaboradores de Scarcella en esa repartición pública. El plazo para la devolución es 90 días, pero los ex funcionarios podrán interponer un recurso ante el fuero Contencioso Administrativo.
La causa fue iniciada por el fiscal Álvaro Garganta contra Scioli, parte de su gabinete y responsables de organismos como ABSA, IOMA y Lotería para determinar la existencia de lavado de activos a partir de "distintos delitos contra la administración pública".
Las auditorías revelaron grandes gastos, entre ellos el de $ 800 mil para financiar el catering de una fiesta sindical, la contratación por $ 273.250 de una persona que hace títeres y espectáculos de circo, y el pago de $ 54 mil a una experta en "coaching psicológico".
El artículo tercero de la resolución, publicada en el Boletín Oficial, dispuso multas de $ 48 mil al propio Scarcella; de 40 mil a Carlos Alberto Coronel, otro tanto a Matías García, a Ricardo Juan Bautista Moratoy y a Heriberto Jáuregui Lorda; 10 mil a Mario Miguel Vuillermet; 30 mil a Jorge Enrique Radivoj; 25 mil a Lorenzo Pablo Giannelli; 20 mil a María Julieta Casajús y otro tanto a Jorge Héctor Di Leo; y de 5 mil a Francisco Antonio La Porta.
