La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) impulsará desde este lunes asambleas en las oficinas de PAMI, donde evaluará la realización de medidas de fuerza tras el 8% de aumento salarial promedio retroactivo a abril, acordado entre el organismo y los sindicatos UPCN y UTI.
El porcentaje fue propuesto por el gerente de Recursos Humanos de la obra social, Bernardo Prismazof durante la comisión paritaria prevista para fijar una recomposición salarial por la pérdida del 23% del poder adquisitivo de los empleados en 2018.
"Por supuesto que ATE no avaló semejante robo legitimado por los representantes de UTI y UPCN. Nosotros nos fuimos de la negociación", relató Rodrigo Vicente, coordinador de ATE Río Negro en organismos nacionales. ATE denunció que el acta incluye el pago por única vez de 8.000 pesos no remunerativos provenientes del Fondo de Capacitación: una caja con recursos de los trabajadores, sobre la que las organizaciones sindicales están impedidas de disponer para formarse, por disposición del Gobierno.
"Echar mano al fondo de capacitación es como echar mano a los recursos de ANSES, que es plata de los trabajadores, para financiar políticas sociales. No podemos redistribuir la miseria entre los trabajadores; hay que gravar las ganancias millonarias", señaló Vicente.
Por otro lado, el dirigente cuestionó también la cláusula que emplaza a los primeros días de junio el pase a planta del personal contratado. Para Vicente es un "adorno" y una "promesa en vano que pone en juego las expectativas de trabajadores cuyos contratos vencen a fin de año y la pelean cada noviembre para que les sea renovado".
Desde hace años, ATE exige el proceso de regularización contractual tenga una hoja de ruta, con cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por las autoridades de PAMI. Según publicó Bariloche 2000.
