Dos proyectos del senador kirchnerista Oscar Parrilli para limitar los intereses cobrados por empresas a usuarios y consumidores morosos fueron aprobados este jueves en la Cámara alta. Fue por 38 votos a favor, del Frente de Todos y aliados, y ninguno en contra.
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La oposición especuló con dejar al oficialismo sin quórum y se retiró de la sesión, pero no consiguió hacer fracasar la votación de los proyectos, que ahora pasaron a Diputados.
El primero de ellos busca impedir abusos en los intereses moratorios y punitorios cobrados a los usuarios por las empresas prestadoras de luz, agua, gas, televisión por cable, telefonía móvil y fija e Internet.
La otra iniciativa abarca a las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, empresas de medicina prepaga y de seguros de cualquier rubro. Originalmente, Parrilli había incluido también las cuotas de la educación privada, pero finalmente decidió excluirlas.
El legislador del Frente de Todos reconoció que con estos proyectos “se afectan intereses” y por eso no se logró un acompañamiento de la oposición. “Cuando hay intereses, a veces no todos los bloques votamos igual y no todos pensamos lo mismo”, dijo.
La tasa de interés moratoria y punitoria que deberán aplicar las empresas prestadoras no podrá exceder la tasa pasiva para depósitos a 30 días del Banco Nación, correspondiente al último mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún otro tipo de cargo extra.
“La trampa que muchas de estas empresas llevaban adelante era que cuando había mora y se cortaba el servicio, ponían cargos por reconexión, cargos por envío de documentación, cargos administrativos”, explicó Parrilli, y agregó: “Los usuarios no dejan de pagar porque les gusta o por deporte, sino porque no pueden”.
Quedarán incluidos como beneficiarios todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio, iglesias, entidades de bien público y cooperativas de trabajo.
En el recinto se hizo un agregado propuesto por la titular de Aysa, Malena Galmarini, para que las grandes empresas que sean usuarias de servicios esenciales mantengan las mismas tasas, con el fin de evitar la especulación. Es que, según apuntó Parrilli, “a algunas les conviene más no pagar y pagar con mora, e invertir ese dinero en un plazo fijo, que pagar a término”.
Las compañías que en los 30 días posteriores a la promulgación de la ley no adecuen su facturación a esa tasa serán sancionadas con multas, que irán de dos a 24 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (56.160 a 673.920 pesos) en el caso de los servicios públicos.
Para las tarjetas de crédito, empresas de medicina prepaga y de seguro, la multa será mayor, de cuatro a 48 SMVM (112.320 a 1.347.840 pesos).
Otra modificación sustancial es que la primera fecha de vencimiento para el pago de todos los servicios sea el día 10 de cada mes y no antes. “En la mayoría de los casos, los argentinos no cobran su salario antes del día 10. Estamos poniendo equidad y justicia”, argumentó Parrilli.
El rechazo a los proyectos fue encabezado por Laura Rodríguez Machado (Pro). “En Córdoba, a este tipo de proyectos los llamamos ‘de lobo con piel de cordero’, porque bajo la supuesta intención de una ayuda a un determinado sector terminan liquidando a sectores de la economía”, lamentó.
“Que haya empresas es bueno. Las empresas no son malas. Que haya muchas empresas que den trabajo es una buena decisión. No pensemos que las empresas solamente especulan. Esa mentalidad donde ‘las empresas tienen ganancias desmedidas en un país quebrado’ es falsa”, aseguró.
Rodríguez Machado sostuvo que las empresas alcanzadas por los proyectos de Parrilli “ya tienen fuertes regulaciones por parte del Estado. No es que aumentan o bajan intereses como se les ocurre: está el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, que establecen regulaciones para estas empresas”.
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Al cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, enfatizó que “se trata de tener un sistema financiero racional, no un sistema financiero de chorros, de corruptos, que roban a los trabajadores y a los pensionados, que roban al pueblo argentino y después fugan”.
“Son dos proyectos que no afectan a las empresas ni a los bancos, pero sí les ponen un límite, porque el robo y la usura que tuvimos causó un impacto en los trabajadores”, subrayó el formoseño.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
