Las tarifas del gas y la electricidad se descongelarán finalmente en marzo de 2021 para el 60% de la población, dado que durante diciembre, enero y febrero se terminará de configurar el nuevo esquema de ajuste, no sin antes avanzar en un punto central y decisivo: definir el precio de un kilovatio y de un metro cúbico de gas natural al menos para una transición hasta que se concrete una nueva revisión integral del sistema.

La emergencia tarifaria sancionada por el Congreso y vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 le da al Estado herramientas suficientes para intervenir regulatoriamente en el segmento de transporte y distribución de gas y electricidad. En ese contexto, el secretario de Energía, Darío Martínez, ya está discutiendo “con todos”.

Hasta hora, Martínez se reunió con empresarios que tienen negocios en el gas y la electricidad, con sindicalistas de ambos sectores y también con gobernadores. Hay 21 provincias con control total o parcial de la distribución de electricidad. Y en un año electoral que reconfigurará el Congreso, Fernández exige “sintonía fina” con los jefes territoriales.

El Gobierno tiene previsto usar la información que pudo recabar con la asistencia estatal durante la pandemia de Covid-19 a través de la ANSeS y la AFIP, cruzar los datos y de allí obtener una “mapa” que indique a cuáles domicilios, comercios y empresas se puede tocar la tarifa y en qué proporción.

A quiénes aumentarán

Los cálculos que hace Martínez con su equipo indican que hay un 40% de la población a la que al menos en marzo no se le podrá incrementar tarifas. Hay un 45% de sectores medios (en su mayoría asalariados) que podrían pagar una actualización que esté en sintonía con el aumento nominal de salarios de 2021: que se prevé de entre 25% y 30%.

Y hay un 15% restante que está en condiciones de pagar una tarifa plena. El debate que está empezando a dar el Gobierno es, justamente, qué se puede hoy contemplar como costo real de la energía. La única convicción es que la Revisión Tarifas Integral (RTI) del macrismo no se aplicará más.

“Si hoy aplicamos la RTI de Macri, las tarifas a ese sector de altos ingresos debería cuadruplicarse. Sería insostenible. Esto es porque el macrismo ató las tarifas al precio del dólar”, explican en la secretaría de Energía. Y señalan que el nivel de subsidio no se reducirá en términos reales sobre el PBI, pero sí se redistribuirá.

Las tarifas están congeladas desde abril de 2019 cuando Dante Sica, Carolina Stanley y Nicolás Dujovne, por entonces ministros, lo anunciaron “por seis meses” en la previa electoral. Luego el kirchnerismo ganó las Primarias, la crisis económica y financiera se profundizó, Macri no volvió a tocar el tema y en diciembre el Congreso sancionó la emergencia.

Como esa emergencia vence el 31 de diciembre, el Poder Ejecutivo está evaluando extenderla para tener mayor poder negociación con las cámaras que representan al transporte y la distribución, cuyos precios están regulados. No obstante, hay decisión política también de discutir los precios de producción que el macrismo había dejado en manos de la oferta y la demanda.

La idea que madura Martínez es proponer al 2021 como un año de transición, dentro del “puente a la estabilidad” que exige el ministro de Economía, Martín Guzmán. A lo largo del año, plantea el secretario de Energía, se podría avanzar en una nueva Revisión Tarifaria Integral para la electricidad y para el gas, con audiencias públicas y participación de los usuarios como lo exige la Corte Suprema de Justicia.

Los subsidios de 2021

El gasto proyectado para el año próximo en materia de subsidios a la energía y al transporte es de $805.855 millones, que equivale a 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y representa el mismo nivel que el previsto para 2020. El 77,4% de esos fondos será destinado a subvencionar al sector de gas y electricidad, mientras que el 22,6% se asigna al transporte.

Según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, desde 2017 las subvenciones a la energía crecieron 0,5% del PBI y en 2021 se ubicarán en 1,7%, igual que en 2020. El mayor registro fue en 2014, con 2,8%. Si bien en términos del PBI el año que viene se mantendrá el porcentaje de subsidio, en dinero aumentará porque se espera crecimiento económico.

Las partidas más significativas corresponden al sector eléctrico, con $446.579 millones previstos en el Presupuesto 2021. Eso equivale a una suba real del 4%. Los usuarios afrontarán el año próximo el 43% del costo estimado para la electricidad, nivel similar al del año 2016. Para algunos la presión será mayor y para otros, por la tarifas social, mucho menor.

Se destinarán $71.736 millones en subsidios a la oferta de gas natural, lo que representa un incremento de 5,3% respecto al cierre previsto para 2020. Y, siempre de acuerdo al Presupuesto, se prevé también una suba de los subsidios a la demanda de gas, incluyendo una mayor subvención a las garrafas de gas licuado.

¿Cuál es el criterio político que impera? Que las familias paguen un costo cada vez más cercano al nivel real de la tarifa, pero no de golpe porque se cuidará no impactar en otros consumos vitales para el crecimiento económico. Por ello, se descarta que la velocidad del ajuste de tarifas sea la observada entre 2016 y 2017, con alzas de hasta el 1.500%.

Ya lo había dicho varias veces pero este miércoles lo reiteró en declaraciones a C5N. “A todo el mundo tiene que quedar en claro: la dolarización de las tarifas se terminó. Buscaremos mecanismos de corrección de las tarifas, que hagan que las mismas sean pagables por los argentinos”.

Para Fernández, es una ventaja lo conseguido por el Estado en materia de datos de las personas. “Hoy nosotros sabemos por la Anses y la AFIP cuál es la situación personal de cada uno, cuáles son los ingresos y en qué condiciones están. Esto va a ayudarnos en mucho poder hacer tarifas diferenciadas”, afirmó.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.