El Gobierno nacional busca aplacar los efectos de la segunda ola de la pandemia, con este objetivo a partir de los primeros días de febrero aseguran que lanzarán una campaña de concientización, prevención y relevamiento educativo en los 4.400 villas y barrios populares de todo el país.
El plan de trabajo será puerta a puerta y participarán 150 mil voluntarios de organizaciones sociales, a traves de los funcionarios del Movimiento Evita de Jefatura de Gabinete. La mayoría de esos militantes sociales cobra planes que equivalen a la mitad de un salario mínimo y no se descarta que puedan recibir una remuneración extra.
La campaña incluirá 5 ejes: higiene, concientización de vacunas, apoyo escolar y relevamiento de deserción, violencia de género y seguridad.
El primero está vinculado con la prevención: el reparto de barbijos -en muchos casos elaborados por las propias cooperativas de trabajadores- y alcohol en gel a través del plan “El Estado cuida al barrio”, que instrumentó Desarrollo Social en plena pandemia a través de la secretaría de Economía Social. Ese programa, incluyó la participación de 15 mil militantes de organizaciones sociales, se concentró en los operativos detectar, el aislamiento comunitario y el fortalecimiento de comedores.
El objetivo es que los militantes sociales insistan casa por casa para que la gente se vacune y que los habitantes de los barrios se inscriban en los listados oficiales de cada distrito para recibir la dosis de la vacuna contra el coronavirus al momento de tocarles.
Siguiendo esta línea, la subsecretaría de Relaciones con la Sociedad Civil teje con el ministerio de Salud una red para que fundaciones y sociedades civiles reproduzcan los mensajes oficiales y se incorporen a la logística del plan de vacunación. Hasta el momento ya contactaron a más de 50 organizaciones mediante videoconferencias en las que participó la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti.
El eje vinculado con la educación estará a cargo de los militantes de las organizaciones sociales del Triunvirato de San Cayetano -que nuclea al Evita, Barrios de Pie y la CCC, tres de los movimientos sociales y todos parte del Frente de Todos-.
La idea es poner en marcha una red de educadores populares para dar apoyo escolar en espacios abiertos además prevén avanzar con un relevamiento para saber cuántos de los chicos que viven en villas y perdieron el contacto con la escuela durante la pandemia.
El cuarto eje estará vinculado a la concientización sobre violencia de género y a las herramientas gubernamentales para denunciar estos hechos.
Por último, propondrán a vecinos, autoridades locales y promotores barriales la elaboración de corredores seguros que incluirá el refuerzo de luminaria y patrullajes para garantizar la seguridad en las zonas más golpeadas por la inseguridad. En el Ejecutivo defendieron el armado de una red con los militantes sociales. “Son los que mejor conocen los barrios, porque en muchos casos viven allí”, dijeron.
¿Pago extra?
Gran parte de los 150 mil militantes que saldrán a la calle forman parte del registro nacional de trabajadores de la economía popular, que el Gobierno elaboró en agosto y que integran un millón y medio de personas. Alrededor de 600 mil trabajadores informales perciben un salario social complementario, equivalente a la mitad del salario mínimo.
En el mes de diciembre, el Presidente otorgó un bono de $5 mil a los militantes de organizaciones que asistieron a la población durante la pandemia. Tras discontinuar el IFE, el Gobierno sumó 130 mil nuevos planes de empleo. No obstante, las organizaciones presionan para seguir ampliando la base.
Ahora, las organizaciones, con el apoyo de la Casa Rosada volverán a enseñar su poder territorial en los 4400 asentamientos y villas que existen en el país según el relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
