La Corte Suprema de Justicia dejo firme la condena a 5 años y 10 meses de prisión contra Amado Boudou por apropiarse de forma indebida del 75% de las acciones de la imprenta Ciccone con capacidad de imprimir papel moneda. No obstante, pese al pedido de los fiscales de que la pena se cumpla en prisión el juez de ejecución penal continua sin resolver la situación.
El juez de ejecución penal, Daniel Obligado, volvió a pedir la opinión de los representantes del Ministerio Público Fiscal para saber que estudió Boudou mientras se encontraba en prisión en el penal de Ezeiza. El magistrado pidió que se detalle en “un informe pormenorizado de los cursos y talleres que hubiere realizado el nombrado en su permanencia dentro de esa institución”.
Entre los pedidos del juez se puntualiza: “Solicítese a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad de Avellaneda, que informen respecto de Amado Boudou los estudios que hubiera cursado este año 2020, la aprobación de los ciclos educativos, las materias cursadas y toda otra información correspondiente a su trayectoria educativa en la institución, y remitan en caso de contar con la misma, la documentación pertinente”.
El objetivo de los pedidos realizados responden a “un posible estímulo educativo (art. 140 de la ley 24.660) por el cual se pueden reducir los plazos para acceder a alguna salida u obtener libertad condicional. Por lo que estas solicitudes no solo demoran la decisión, sino que podrían mejorar la situación penal de Amado Boudou.
Desde el 6 de abril, el ex vicepresidente cumple arresto domiciliario ordenado por el juez Obligado, quien indicó que Boudou se encontraba en pareja con dos hijos pequeños, añadiendo que “el único sostén económico y emocional para los niños de dos años, resulta ser su madre”, por lo cual consideró que era mejor conceder la morigeración del arresto.
A principios de de diciembre por el voto unánime de los ministros de la Corte Suprema de Justicia ratificaron la acusación y dejaron firme la condena para el ex vicepresidente a cumpir cinco años y diez meses de prisión. Horas después de aquella resolución, el juez Obligado “ejecutó la pena”, señalando que la misma concluirá el 1 de junio de 2024, sin embargo no se pronunció sobre la modalidad de cumplimiento de la misma.
Desde entonces comenzó una serie de pedidos por parte del magistrado Daniel Obligado, que incluyó a los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes invocando los derechos del niño y la necesidad de que sus hijos cuenten con la presencia de su padre para su desarrollo, solicitaron que Boudou continúe en su casa bajo la modalidad del arresto domiciliario.
En este sentido, el juez de ejecución requirió la opinión al coordinador de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años, Marcelo Helfrich, quien consideró que el ex vicepresidente debería permanecer bajo arresto domiciliario remarcando que “la decisión de enviarlo a domiciliaria estuvo inspirada en poder proteger los derechos de sus hijos, situación que no se modificó”.
Este martes podría conocerse el dictamen sobre la situación del ex vicepresidente, después de dos semanas de aquellos escritos, el juez Obligado volvió a requerir que los fiscales García Padín y Colombo se pronuncien al respecto. Por su parte, los representantes del ministerio público ya habían emitido su opinión y sostuvieron que Boudou debía volver a prisión.
Pese a que el próximo lunes arranca la feria judicial, Obligado quedará durante el mes de enero y podría haber una resolución.
