Se llamó a 10 millones de ciudadanos a formular propuestas sobre el proyecto. Con renovada iconografía de Castro en las calles, donde se han mostrado en carteles sus frases más conocidas como la invitación a "cambiar todo lo que deba ser cambiado", las autoridades cubanas han dado inicio a la consulta, que se desarrollará hasta el próximo 15 de noviembre en centros laborales, de estudios y comunidades de toda la isla.
Castro, nacido el 13 de agosto de 1926, falleció en 25 de noviembre de 2016, a los 90 años. Los cubanos están llamados a opinar hasta el próximo 15 de noviembre sobre una nueva Carta Magna aprobada por la Asamblea Nacional en julio, que, entre otras reformas, reconocerá el papel del mercado y la actividad privada en la economía socialista de la isla, aunque siempre bajo la tutela del único y gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
La nueva carta magna también dará espacio al matrimonio igualitario, uno de los más polémicos cambios en una sociedad todavía lastrada por el machismo y la homofobia.
Algo más de un millón de ejemplares impresos habían sido vendidos a un precio simbólico hasta el domingo.
Los criterios expuestos por la población serán recogidos por escrito y transferidos diariamente a un centro de procesamiento, hasta el 15 de noviembre, fin del debate público.
Por primera vez, los cubanos emigrados tendrán la oportunidad de participar en un debate político de la isla, enviando sus criterios por vía digital, en un sitio que la cancillería cubana habilitará a inicios de septiembre.
Esto "constituye un hecho inédito en la historia de la revolución" de 1959, explicó Ernesto Soberón, quien encabeza la Dirección de la Cancillería dedicada a los Cubanos Residentes en el Exterior.
El gobierno estima en 1,4 millones los cubanos el exterior, dispersos en 120 países, aunque con núcleos muy importantes en Estados Unidos, España, México y Colombia.
Siguiendo la ruta del simbolismo, el texto resultante de la "consulta popular" será sometido a referendo vinculante el 24 de febrero de 2019, fecha que marca el inicio de la guerra de independencia contra la corona española en 1895.
La ilegal Mesa de Unidad de Acción Democrática, que agrupa varias organizaciones disidentes, saludó la prohibición de discriminación por raza, credo, género y limitaciones físicas que prevé el nuevo texto, pero exigió igual posición ante otros derechos humanos.
"Los derechos humanos no pueden verse como una tienda por departamentos, sino como algo integral. No se pueden potenciar o reconocer en las prácticas políticas determinados derechos, mientras se esconden, olvidan o se instituyen acciones en detrimento de otros", dijo en un comunicado enviado a la AFP.
El abogado opositor René Gómez Manzano estimó que el proyecto constitucional "es harto contradictorio". "Aunque varios de sus enunciados sean más asimilables, mantiene en lo esencial la misma visión totalitaria de su predecesora", señaló.
Los cambios al nuevo texto darán sustento legal a las reformas económicas iniciadas hace una década por el entonces presidente Raúl Castro, y que han quedado en manos de su sucesor Miguel Díaz-Canel.
En la futura Constitución se restituirá además la figura del presidente de la República -actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros- y se creará el cargo de primer ministro.
