La Justicia dará este martes su veredicto en la causa contra el exvicepresidente Amado Boudou y otros cinco acusados por la presunta compra irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica. Desde las 9.30 todos los acusados pronuncian sus últimas palabras antes de que a las 15, se lea la sentencia del juicio que arrancó en octubre de 2017.
Junto al ex vicepresidente son jugados José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri, Nicolás Ciccone y Rafael Resnick Brenner, todos están acusados de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
"Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70% del paquete accionario", sostuvo sobre la compra de la ex Ciccone. Y agregó que se "invirtió la carga de la prueba" en el juicio en su contra.
En tanto, Boudou manifestó que "la situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas que se dieron" e insistió que "el propio (Alejandro) Vanderbroele dijo que el cohecho no existió".
Por su parte, Rafael Resnick Brenner pidió su absolución de prisión y consideró que las acusaciones que pesan en su contra "se basan en conjeturas que no se compadecen con la prueba y desplazan la presunción de inocencia".
Nicolás Ciccone, el exdueño de la imprenta, dijo que lo "despojaron de su empresa" y sentenció que "los verdaderos culpables no tuvieron que enfrentar este juicio".
Mientras que José María Nuñez Carmona, amigo de Boudou, aseguró que es "falaz" afirmar que "reemplazó" al exvicepresidente en la toma de posesión de la ex Ciccone Calcográfica.
La Oficina Anticorrupción y la Fiscalía pidieron que el exvicepresidente sea condenado a cinco años y medio de prisión por esta causa. En caso de ser condenado, habrá que determinar si se lo detiene en ese mismo momento o si se aplicará la prohibición de salida del país, presentándose en Tribunales de manera periódica o con tobillera electrónica.
No obstante, el abogado de Amado Boudou, Alejandro Rúa, informó que está pendiente la recusación contra el juez Pablo Bertuzzi ante la Corte Suprema y ese planteo tiene efectos suspensivos, por lo que pidió suspender el veredcito del caso Ciccone.
En julio, el exfuncionario aseguró que no hay pruebas en su contra, aunque dijo que existe la "posibilidad" de que le condenen y lo envíen a prisión.
Durante la etapa de instrucción, el juez a cargo de la causa, Ariel Lijo, dio por acreditado que Boudou, junto a su socio Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- mientras el primero era ministro de Economía.
Según la investigación judicial, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele -supuesto testaferro de Boudou- con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
En julio de 2010, un juzgado comercial declaró la quiebra de Ciccone por deudas impositivas, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de The Old Fund.
La investigación constató que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick -dueños de la imprenta- la cesión del 70 % de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que esta pudiera volver a operar y contratar con la administración pública.
Para Lijo, el exvicepresidente estuvo implicado de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, en el trámite de un plan de pagos al Fisco e intervino para que se levantase la quiebra de la empresa, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado nacional. EFE
