El juez federal Claudio Bonadio ordenó este jueves realizar un peritaje contable sobre documentación secuestrada a distintas empresas vinculadas con la familia del sindicalista Hugo Moyano, en el marco de una investigación en su contra por el supuesto desvío de fondos de la obra social de Camioneros.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el magistrado le solicitó al Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema de Justicia la realización de un peritaje en un plazo de 45 días sobre los documentos secuestrados en las empresas Iarai, Dixey y Aconra.
Las tres empresas vinculadas a la esposa de Moyano, Liliana Zulet, habían sido señaladas por la diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña como las beneficiarias de los supuestos desvíos de fondos del gremio y de la obra social de camioneros.
La información secuestrada por la Justicia incluye registros contables desde desde el 2009 hasta la actualidad, según informaron a esta agencia fuentes con acceso a la investigación judicial.
En su denuncia, Ocaña sostuvo que la firma Irai es una prestadora médica que se convirtió en "la nave insignia y la principal sociedad utilizada para el traspaso de fondos desde la Obra Social de los Camioneros".
Sobre Aconra, Ocaña sostuvo que "tuvo un crecimiento fenomenal, vinculándose exclusivamente con las actividades del Sindicato, la Obra Social y la Mutual de Camioneros".
