El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispuso este jueves apartar al abogado designado por el Gobierno para participar del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, ya que desempeña un cargo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
El TOF 2 sostuvo que el cargo asignado al abogado José Console para participar del juicio "resulta incompatible" con el que desempeña en el órgano encargado de designar y destituir jueces en la Ciudad.
Console había sido designado por el Gobierno el año pasado pero su aparición en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA se produjo este año, cuando el Ministerio de Justicia lo eligió para que realizara los alegatos por parte del Estado, acto en el que pidió la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
La decisión del TOF 2 fue comunicada por el juez Jorge Gorini durante el inicio de una nueva audiencia del juicio que lleva más de dos años y se desarrolla todos los jueves en el edifico de los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.
"Corresponde apartarlo del rol de abogado de la querella y dejar sin efecto su designación en autos", sostuvo Gorini tras explicar que su designación resultaba incompatible de acuerdo a las leyes de la Constitución de la Ciudad, a la ley orgánica del Poder Judicial porteño y al reglamento del Consejo de la Magistratura.
La decisión fue tomada por mayoría con los votos de Gorini y el juez Néstor Costabel, quienes además dispusieron remitir testimonio de lo actuado a la Oficina Anticorrupción, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura porteño.
En el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA están siendo juzgados, además de los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el expresidente Carlos Menem, el titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el exjuez Juan José Galeano, entre otros.
En el juicio oral se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la justicia; y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.