En medio del escándalo por la detención de varios dirigentes gremiales por casos de corrupción, la Justicia está investigando a dos organizaciones delictivas dedicadas a la emisión de documentación apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles de contribuyentes, entre los que se encuentran decenas de empresas y sindicatos de todo el país.
La investigación, que surgió de una denuncia de la AFIP, compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano (camioneros), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Carlos Acuña (estaciones de servicios) y Antonio Cassia (petroleros).
En la causa, llevada adelante por la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella, ya fueron procesadas 17 personas y una se encuentra prófuga. Asimismo, a fines del 2017 se allanaron al menos diez sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión, según informa La Nación.
El operativo para dar con la facturación apócrifa alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros.
Desde la Justicia se deberá determinar si la utilización de las facturas truchas fue "dolosa o culposa" y si la maniobra incluyó algún otro delito como lavado de dinero. "Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado", indicaron los investigadores.
En tanto, los gremios se despegaron de las acusaciones y aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP.
"Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT apócrifos. Una por el mantenimiento del salón de actos y otra por la compra de un software. Cuando nosotros detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria, como si fuera una salida en negro, y pagamos el punitorio", explicaron desde el Sindicato de Petroleros (Supeh).
Desde el gremio de Moyano también indicaron que desconocían la maniobra y señalaron: "No le dimos trascendencia más allá del aspecto político".
