En medio del conflicto con los sindicatos, el Gobierno está trabajando para quitarles una caja millonaria. Se trata del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos.
Este dinero contempla el giro automático de fondos desde el Estado nacional a las obras sociales. Actualmente, según estimaciones oficiales, la cifra asciende a unos $950 millones, que surgen del 5% de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a las obras sociales.
La Casa Rosada apuntaría a eliminar este fondo en forma gradual, pero en el "corto plazo" y con un primer corte de gran impacto. Esto significaría en primera instancia reducir a la mitad lo que se transfiere a las obras sociales de los sindicatos.
"Es un subsidio que no tiene demasiada justificación. No tiene sentido darles tantos fondos a gremios ricos", indicaron fuentes del Ejecutivo a Clarín.
La distribución de los fondos depende del tamaño del gremio, ya que el 20% se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados. Mientras tanto, el 80% restante va en forma proporcional al número de afiliados, de manera tal que se asegure que las obras sociales con menos de ese número de beneficiarios reciban un importe promedio.
Desde el Gobierno, no obstante, aclaran que "a las más chicas se las va a seguir asistiendo de otra manera, no se las va a desfinanciar". Asimismo, la intención oficial es que se fusionen, o al menos compartan recursos, las obras sociales de sindicatos más pequeños.
Por otra parte, en el Gobierno sostienen que el plan busca optimizar los recursos en materia de salud. "Se duplicó la cantidad de subsidios de prestaciones de discapacidad y crecieron el costo de algunos tratamientos con amparo judicial y eso afecta los montos que se distribuyen. La prioridad es dar respuesta a esos casos", argumentaron las fuentes.
