Durante el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional en todo el país a causa de la emergencia provocada por el nuevo coronavirus, el accionar de las fuerzas de seguridad -federales y provinciales- volvió a quedar en la mira a raíz de la investigación judicial de al menos 9 muertes y numerosos casos de abusos y violencia en el país.
Uno de los casos paradigmáticos es la muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez el 30 de abril último cuando viajaba entre las localidades bonaerenses de Pedro Luro y Bahía Blanca, y su cadáver fue hallado el 15 de agosto último en la localidad de Villarino.
Según la denuncia de la familia, Astudillo Castro fue detenido en 2 ocasiones durante su viaje: la primera, a la altura de la localidad de Mayor Buratovich, donde se le labró un acta por la presunta violación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). La segunda detención ocurrió en la localidad de Teniente Origone. Desde ese momento, no se supo nada más sobre él.
Tras una primera investigación de la Justicia provincial por "averiguación de paradero", la causa recayó en el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, a cargo de Gabriela Marrón, quien recaratuló el hecho como "desaparición forzada". Hasta el momento, tanto la magistrada como el titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, rechazaron la detención de los 4 policías acusados por las querellas -los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto en representación de la madre del joven, Cristina Castro, y la Comisión Provincial por la Memoria- por considerar que no hay pruebas concluyentes contra ellos.
El 15 de agosto último, fue hallado un cuerpo en el canal "Cola de Ballena", en la localidad de Villarino, Provincia de Buenos Aires, y el Equipo Argentino de Antropología Forense informó que el cadáver pertenecía al joven de 22 años.
Muertes violentas
Además del caso de Facundo Astudillo Castro, la Justicia investiga la presunta participación de las fuerzas de seguridad en al menos unas 8 muertes violentas ocurridas durante la cuarentena en la Argentina, según pudo reconstruir RedDES.
Uno de los casos más resonantes es el de Luis Espinoza, un trabajador de 31 años que fue detenido por la policía cuando circulaba por el paraje El Melcho, en Tucumán. Tras permanecer una semana desaparecido su cuerpo fue hallado a 100 kilómetros del lugar de detención, en un acantilado de la provincia de Catamarca. Tenía un disparo en el pecho que, según las pericias incluidas en la causa judicial, salió de un arma policial.
Como el de Espinoza, la Justicia provincial investiga otras 2 muertes en San Luis. Magalí Morales fue detenida el 5 de abril último en Santa Rosa de Conlara, acusada de violar la cuarentena. Dos días después apareció ahorcada en la celda de la comisaría donde había sido alojada.
Unas semanas después, el 24 de abril último, un joven de 16 años que fue demorado porque presuntamente había violado la cuarentena, fue hallado sin vida en una celda de la comisaría de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes, aparentemente ahorcado con su propia remera. La familia reclamó por "la ausencia de cumplimiento de protocolos y recaudos legales" en la realización de las pericias sobre el cuerpo del menor, según un hábeas corpus presentado por su abogado, Gustavo Otegui.
En tanto, un informe publicado recientemente por Amnistía Internacional denunció la muerte de Mauro Coronel, de 22 años, quien se encontraba detenido en una comisaría de Santiago del Estero. Según la presentación de la organización internacional, Coronel "fue ingresado por la policía en el Hospital Regional, sin avisar a sus familiares. Cuatro días después de la detención falleció".
Al respecto, el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de Santiago del Estero, Marcelo Barbur, aseguró que Coronel no presentaba "ningún tipo de lesiones internas por violencia" y exhibió el resultado de la autopsia que diagnosticó "una muerte no violenta por un cuadro infeccioso generalizado" (ver acá y acá).
En la Provincia de Buenos Aires también se encuentran bajo investigación 3 muertes de jóvenes que involucran a policías. La primera de ellas ocurrió el 24 de mayo último y tuvo como víctima a Alan Maidana, quien recibió un balazo mortal cuando salía de un cumpleaños con amigos en la localidad de Berazategui. Según los testigos del hecho, un oficial de la Policía Federal disparó cuando un integrante del grupo arrojó una botella contra el patrullero. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de Matías Moreno, denunció lo ocurrido y asesora a la familia de la víctima.
En tanto, el 30 de mayo último en Isla Maciel, partido de Avellaneda, otro agente de la Policía Federal habría matado de 18 balazos a un joven que aparentemente quiso asaltarlo luego de acordar venderle una consola de videojuegos. Voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron a RedDES que el efectivo está detenido por "homicidio agravado" y que se inició un sumario administrativo para exonerarlo de la fuerza.
Amnistía Internacional también denunció en su informe el crimen de Lucas Nahuel Verón, de 18 años, ocurrido el 10 de julio último. Según sostiene la ONG, Lucas "fue con un amigo a comprar gaseosas al kiosco y al regresar a su casa en Villa Scaso, González Catán, partido de La Matanza, una patrulla policial los habría perseguido y disparado contra ellos, sin motivo alguno".
Desde el sector de Prensa del Ministerio de Seguridad provincial informaron que los dos policías acusados se encuentran separados de la fuerza, mientras que la querella ya solicitó la elevación a juicio de la causa.
Finalmente, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 a cargo de Laura Belloqui investiga la muerte de Facundo Scalzo, ocurrida el 17 de junio en el Barrio 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa investigación, la titular del Juzgado Nacional N° 55, Alejandra Alliaud, ordenó la prisión preventiva para Diego Rocha, un agente de la Gendarmería Nacional, acusado por el delito de "exceso de legítima defensa".
Violencia y hostigamiento
En su informe, Amnistía Internacional denunció más de 30 casos de "violencia institucional y uso excesivo de la fuerza" ocurridos durante la cuarentena en la Argentina.
Entre los casos, menciona el violento operativo policial ocurrido en la localidad de Fontana, en la provincia de Chaco, donde un grupo de policías, algunos de ellos de civil, irrumpieron en una vivienda y golpearon a sus ocupantes hasta reducirlos y esposarlos.
La Secretaría de Derechos Humanos de Chaco indicó que el hecho ocurrió en el barrio Banderas Argentinas, de Fontana, y que los efectivos policiales, pertenecientes a la Comisaría 3° de esa localidad, entraron "sin orden de allanamiento", detuvieron a 4 personas y agredieron a una mujer, "tirando balazos con posta de goma y de plomo".
En tanto, el Ministerio de Seguridad provincial anunció "el inmediato apartamiento de sus funciones" de los policías que intervinieron. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, celebró la decisión y reconoció que "debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia", aunque -por fuera del caso de Facundo Astudillo Castro- no se refirió públicamente al resto de los casos.
Por otro lado, Amnistía Internacional reseñó también que en Chubut, "agentes de la policía provincial dispararon balas de goma desde un vehículo a vecinos del Barrio Inta, en Trelew". Germán Kexel, encargado del área de Violencia Institucional de la Defensa Pública de la provincia de Chubut, señaló que "hay 4 personas con heridas de balas de goma".
La organización internacional denunció además otro hecho de violencia policial ocurrido en la provincia de Córdoba. "Un video muestra cómo un policía de la provincia efectuó un disparo por la espalda a un joven que acababa de escapársele en un control callejero y se escucha a otro policía decir 'Tirale, matalo'", se indicó en el informe.
En la Provincia de Buenos Aires
En la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que en los primeros días de la cuarentena se produjeron 15 hechos de violencia policial "que afectaron al menos a 40 víctimas". Frente a ello, el organismo le envió una carta al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la que enumera los casos denunciados y le pide "mayor control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y que se investiguen y sancionen estos hechos de torturas o malos tratos".
De los casos denunciados, 2 se viralizaron en las redes sociales. El primero de ellos ocurrió en Isidro Casanova, en La Matanza, el 25 de marzo último, y quedó registrado en un video en el que se ve a 7 hombres haciendo flexiones de brazos y saltos de rana bajo la orden de unos policías, quienes los habían encontrado caminando por la calle.
En tanto, en Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi (Frente de Todos) denunció a 2 policías locales por hostigar a 2 niños en aparente situación de calle, que se encontraban revolviendo la basura. Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron a RedDES que los agentes que intervinieron en ambos hechos (10 en total) se encuentran "desafectados y sumariados".
En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires informó que patrocina 28 denuncias de violencia institucional ocurridas en territorio porteño entre el 24 de marzo y el 12 de mayo últimos (ver acá y acá). Los informes señalan que "las consultas presentan un patrón común, reflejado en la falta de justificación legal por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires al solicitar que se deje de realizar la conducta de circular por la vía pública de mal modo o excediendo el margen de su actuación".
Uno de los casos que se destaca es el de 2 mujeres que habían asistido, junto a 2 menores, a realizar una denuncia a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación. Según consta en la presentación, una de las víctimas denunció que un policía las hostigó por circular en la calle. "Me dijo que 'los problemas con mi marido los arreglara yo en mi casa, pero que no se podía salir en cuarentena', que además poníamos a las nenas en peligro porque caminábamos por la calle", aseguró.
En tanto, la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad indicó ante un pedido de acceso a la Información realizado por Amnistía Internacional que inició "actuaciones administrativas tendientes a investigar la prosecución de hechos de violencia institucional por parte del personal policial" en 3 casos concretos: la detención de un trabajador del espacio comunitario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el Barrio 31 "Carlos Mugica" por presunto incumplimiento a las medidas de aislamiento; la detención de un hombre que realizaba delivery; y la agresión de un oficial de la Policía de la Ciudad a una persona que se encontraba en situación de calle durmiendo en el frente de establecimiento comercial que permanecía cerrado.
El accionar de las fuerzas federales
Frente a los primeros casos de violencia institucional denunciados en el contexto de la cuarentena, el Ministerio de Seguridad de la Nación envió a los titulares de todas las fuerzas de seguridad federales un protocolo con recomendaciones a la hora de realizar los procedimientos de identificación de las personas que circulan en la vía pública, informó la cartera a cargo de Sabina Frederic.
Desde el sector de Prensa del Ministerio indicaron a RedDES que se recibieron 27 denuncias por casos de violencia que involucran a efectivos de fuerzas federales, que tuvieron como víctimas a 68 personas. A raíz de ello, 6 efectivos fueron pasados a disponibilidad, mientras que el resto de los episodios "están siendo investigados en los sumarios administrativos de las fuerzas con el control del Ministerio".
Un caso que cobró notoriedad en los primeros días de la cuarentena fue el de 3 agentes de Gendarmería Nacional que fueron pasados a disponibilidad luego de que se difundiera un video en el que se ve cómo obligan a dos jóvenes de la Villa 1-11-14 a caminar en cuclillas y con las manos en la cabeza por incumplir la cuarentena.
Esta nota fue producida por José Giménez para la Red Federal contra la Desinformación (RedDES), una red colaborativa federal de medios creada para producir y difundir verificaciones de rumores y contenidos falsos sobre coronavirus que están circulando a través de las redes sociales. Las vías de contacto son: por mail a redfederal@chequeado.com y /Chequeado en todas las redes. Si te llegó información sospechosa por WhatsApp podés enviarla al 11.3679.0690 para su verificación.
