El presidente Alberto Fernández contó que este martes recibió el llamado de Sergio Nardelli, uno de los dueños del Grupo Vicentin, quien le expresó su idea de que el Gobierno se haga cargo de la empresa en crisis pero sin expropiarla, iniciativa que fue rechazada de inmediato.
El jefe de Estado negó también haber hablado en algún momento sobre el caso Vicentin con su antecesor, Mauricio Macri, a quien se lo relaciona con Sergio y Gustavo Nardelli, accionistas del Grupo.
"Ayer (por este martes) me llamó uno de los accionistas, Sergio Nardelli, y pude tener una charla con él. Y le expliqué con mucha cordialidad: 'Tengo la impresión que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido'. Y le expliqué que la medida no tiene ninguna vocación de perjudicar a nadie sino de rescatar a la empresa", dijo.
De su charla con Nardelli, uno de los socios mayoritarios de la empresa, Fernández contó que él le expresó al empresario que el objetivo del Gobierno "no es afectar el derecho de nadie". Y agregó: "Él me dijo que tiene una idea para que nosotros podamos hacernos cargo de la empresa sin necesidad de expropiación".
Según sostuvo Fernández en Radio 10, él le respondió a Nardelli que la expropiación es necesaria por "una cuestión de transparencia", porque sino no se entiende cómo haría el Estado para hacerse cargo, teniendo en cuenta que la compañía "tiene cuestionamientos por los créditos que tomó y no pagó", en parte en la banca pública.
"Tuvimos una muy buena charla con él y confío en que podemos hacer las cosas tranquilos. Esto no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es recatar una empresa de la quiebra y lo que intentan es mostrarlo como un gesto arbitrario como si esta fuera la regla del Gobierno", expresó Fernández.
Insistió en que tomó la decisión en nombre de los productores a los que Vicentin les debe los granos y también de la comunidad de Avellaneda, donde la firma tiene su sede central. “Lo que no me podría perdonar es mirar de brazos cruzados como la empresa se cae y deja a 2.000 personas sin trabajo, a 2.600 productores sin un canal de comercialización adecuado y afecta la vida de toda una comunidad como es la de Avellaneda”, expresó.
Sobre la celeridad con la que actuó el Gobierno a partir del anuncio, el jefe de Estado dijo que en estos casos hay que hacerse cargo inmediatamente porque "hay riesgos que en el mientras tanto ocurran maniobras que de algún modo vacíen a la empresa", como por ejemplo el traspaso de acciones o movimientos de dinero que uno no controla y por lo cual cuando se logre expropiar, la situación podría ser mucho peor.
Fernández reveló que le dijo a Nardelli que puede quedarse como accionista de la empresa hasta que salga la expropiación sancionada por el Congreso, para controlar el funcionamiento de la administración, porque el objetivo del Gobierno "no es hacer algo oculto a espaldas de nadie, sino rescatar una empresa".
Según Fernández, la decisión oficial fue tomada de buena manera por los acreedores de la firma que ahora tienen una esperanza de que van a cobrar. Y destacó el comunicado que ayer publicó el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales integrado por el IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.
