La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires definirá esta semana las pautas para otorgar detenciones domiciliarias a presos alojados en las cárceles bonaerenses que sean factor de riesgo por el coronavirus, en un fallo que busca establecer una camino de racionalidad en la concesión de ese beneficio.
Una fuente del Alto Tribunal confirmó a Télam que la resolución llegaría entre el lunes y el martes y que el objetivo es dictaminar "un fallo ordenador que establezca un camino de racionalidad" tras la polémica generada por la decisión del Tribunal de Casación provincial.
El martes, la Corte declaró admisible un recurso de queja presentado por el Fiscal de Casación, Carlos Altuve, con lo que resolvió suspender desde ese día el fallo de ese tribunal que habilitaba las prisiones domiciliarias y acortar los plazos para el tratamiento de la cuestión de fondo debido a la "gravedad institucional" que implicó el fallo.
Altuve recurrió a la queja, luego que el Tribunal de Casación le rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del juez Víctor Violini, quien el 17 de abril hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.
En ese fallo, Violini dijo que los presos que podrán acceder a ese beneficio deben ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque no hace mención a cuáles son los delitos a los que hace referencia.
Unos días después, el Tribunal de Casación de la provincia, bajo la presidencia de Ricardo Borinsky, amplió la resolución de Violini y ordenó a los jueces que ejecuten en forma "inmediata" la medida de arresto domiciliario para los presos en cárceles bonaerenses por integren el grupo de riesgo ante el contagio de coronavirus.
La resolución se dispuso debido a que defensores oficiales denunciaron que los jueces de primera instancia no cumplen con el fallo que ordenó esa medida para los detenidos mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes.
El procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, apoyó la postura adoptada por el fiscal Altuve y consideró que la Corte debe hacer lugar al recurso y revocar el hábeas corpus colectivo.
La pandemia del coronavirus provocó cambios en el comportamiento de los presos alojados en cárceles bonaerenses que están superpobladas debido a que alojan a más de 45 mil internos cuando cuentan con unas 22 mil plazas.
Al principio de la pandemia, los presos resolvieron por propia voluntad no recibir visitas para evitar los posibles contagios de coronavirus, aunque luego iniciaron una serie de protestas para pedir la liberación de los grupos de riesgo.
