El próximo martes se espera que se publiquen en el Boletín Oficial las reformas del Código Procesal Penal, entre las cuáles figura una medida que generó opiniones divididas: la posibilidad que tendrían los acusados de cometer un delito de solicitar la libertad durante su etapa de instrucción.
Según información de la Procuración Penitenciaria Federal que especificó Clarín, hay 8.348 personas privadas de su libertad que están encarcelados sin una condena firme. Ellos podrían pedir su libertad argumentando que fueron detenidos sin que se cumplieran las nuevas restricciones a las prisiones preventivas.
Los magistrados deberían estudiar cada pedido y, de esta forma, se reducirán los argumentos con la que podían hasta ahora ordenar la prisión preventiva de los procesados.
La medida provocó especulaciones por ocurrir a menos de un mes del traspaso de mando del Ejecutivo, y luego de que el presidente electo Alberto Fernández cuestionara a los jueces por lo que consideraba eran prisiones preventivas injustas que sufrían muchos políticos.
