Un total de 97 personas fueron detenidas en las últimas horas tras recibir amenazas dirigidas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto a jueces y fiscales de la provincia. Las intimidaciones fueron realizadas a través de un mensaje de WhatsApp, enviadas por Miguel Eduardo “Miguelón” Figueroa, un criminal condenado a prisión perpetua por un doble homicidio. Figueroa se encuentra actualmente en una prisión federal en Marcos Paz, Buenos Aires, desde donde aparentemente orquestó las amenazas.
Las amenazas y la respuesta de la justicia
Desde el Ministerio de Seguridad de Tucumán, el titular, Eugenio Agüero Gamboa, explicó en una entrevista para el programa televisivo Los Primeros (Canal 10 de Tucumán) que las amenazas fueron enviadas por la tarde del lunes mediante un audio en la aplicación WhatsApp. A partir de allí, se comenzó a trabajar intensamente durante toda la jornada y parte de la noche, lo que permitió la detención de un total de 97 personas.
“La Justicia decidirá el futuro de los detenidos, si quedarán bajo arresto o serán liberados”, señaló Agüero Gamboa. Además, hizo hincapié en el trasfondo del caso: “El autor de las amenazas, Miguelón Figueroa, es un condenado por doble homicidio, actualmente recluido en un penal de Buenos Aires, vinculado a un grupo criminal que operaba en la venta de drogas y otros delitos”.
El perfil del autor y su historial criminal
El hecho que derivó en la prisión perpetua de Figueroa, fue perpetrado en la zona de Villa 9 de Julio. En septiembre de 2024, el recluso fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Buenos Aires, una medida que fue decidida por el gobernador Jaldo tras un proceso judicial que lo vinculó a crímenes relacionados con el narcotráfico.
En ese sentido, el ministro expresó que, si bien estos hechos indican que las políticas de lucha contra el narcotráfico están mostrando resultados, también generan respuestas de los grupos delictivos. “Este tipo de amenazas demuestra la resistencia de quienes están involucrados en el crimen organizado, pero redoblaremos nuestros esfuerzos para que todos los delincuentes enfrenten la Justicia”, aseguró.
La postura del gobierno y la defensa de las instituciones
El responsable de la cartera de Seguridad, fue enfático en subrayar la firmeza del gobierno en la defensa de las instituciones: “Queremos que la ciudadanía esté tranquila, no vamos a permitir que se ataque a las instituciones ni a las personas que las conforman, como fiscales, jueces o funcionarios del Poder Ejecutivo. Cada acción será tomada dentro del marco de la ley”.
Asimismo, Agüero Gamboa destacó que la libertad de expresión es un derecho fundamental en Tucumán, pero que la paz social debe ser preservada: “Cada uno puede expresar su opinión, pero eso no implica que compartamos esas opiniones. La convivencia y la paz social son esenciales para la armonía de nuestra provincia”, recalcó.
El papel de las fuerzas de seguridad y la vigilancia en las cárceles
Por su parte, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, también se refirió al caso, asegurando que “la amenaza fue enviada por un condenado a perpetua, Miguelón, quien por el trabajo de nuestros fiscales y jueces fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Buenos Aires”. En su declaración, Girvau dejó claro que la Policía de Tucumán no tolerará que este tipo de hechos ocurran: “La Policía está firme, y tanto él como sus allegados deben saber que no permitiremos que se repitan estos actos”.
En relación con las condiciones en las cárceles, Agüero Gamboa aclaró que, en Tucumán, se respetan estrictamente las normas en cuanto al uso de teléfonos celulares en las prisiones: “En lugares como Benjamín Paz y Delfín Gallo, los celulares están prohibidos, excepto en ciertos casos judicialmente aprobados, principalmente para mujeres con hijos. Las visitas son presenciales”.
A pesar de que la amenaza fue realizada desde Buenos Aires, el ministro recordó que la seguridad en los penales de la provincia se mantiene rigurosa, aunque no pudo garantizar lo mismo en otras cárceles fuera de Tucumán.
Compromiso con la justicia y la seguridad pública
El gobernador, junto a su equipo de trabajo, reiteraron su compromiso con la justicia y la seguridad en la provincia. En este sentido, tanto Agüero Gamboa como Girvau, reafirmaron que no se tolerarán estos intentos de intimidación y que todos los responsables serán tratados con todo el rigor de la ley.
El caso de las amenazas a los funcionarios públicos de Tucumán pone de manifiesto no solo los desafíos de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, sino también el compromiso de las autoridades por mantener la estabilidad social y el respeto por las instituciones democráticas.
