El Gobierno de Santa Fe pidió ser querellante en la investigación por presuntos espionajes ilegales ordenados desde el Ministerio de Seguridad, cuando este era conducido por Marcelo Sain.
“Instrúyase al Fiscal de Estado de la Provincia a intervenir como parte querellante, de acuerdo a los artículos 93 y siguientes del Código Procesal Penal, en el proceso que se investiga en el Ministerio Público de la Acusación hechos ocurridos en el Ministerio de Seguridad a que refieren los considerandos del presente”, indica el único artículo que contiene el decreto 22 fechado el pasado 18 de enero, que lleva las firmas del gobernador, Omar Perotti, y de la ministra de Gobierno, Celia Arena.
El argumento esgrimido es que resulta necesario “precisar, en la faz administrativa, el legal funcionamiento interno del mencionado Ministerio y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder”. También se añade que “ha trascendido mediante diferentes publicaciones efectuadas por distintos medios de comunicación, la producción de nuevas medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de dicha investigación”.
Se agrega que dicha decisión encuentra su fundamento en que en el proceso judicial mencionado, “se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública”.
Cabe resaltar que la investigación se encuentra en curso, bajo reserva. Se supo que el 1° de febrero habrá una audiencia solicitada por los fiscales del caso para requerir el “procedimiento extendido”. Básicamente se pedirá más tiempo para la colección de pruebas para luego utilizar en la audiencia imputativa.
Ya habían trascendido nombres de funcionarios actuales y anteriores, empresarios, dirigentes gremiales y periodistas que presuntamente eran vigilados por el ex ministro.
