Un fiscal federal de Santa Fe pidió la nulidad de un proceso judicial iniciado a una mujer a la que se le secuestró droga en la vagina cuando aparentemente pretendía ingresar a la cárcel a visitar a un familiar, ya que consideró que fue sometida a "una práctica degradante de la dignidad humana y del sistema de derechos humanos" por parte de agentes penitenciarios.
Se trata del fiscal federal número 1 de Santa Fe, Gustavo Onel, quien en una entrevista con la agencia Télam sostuvo que "como principio general, la manera de llegar a averiguar la verdad tiene límites, y en este caso son los derechos humanos".
Este es el quinto planteo de las mismas características realizado por el fiscal en los últimos meses, y en dos de ellos el Juzgado Federal resolvió de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público.
En esta oportunidad, Onel realizó el pedido ante la apertura de una causa por presunta infracción a la ley de estupefacientes contra una mujer a la que en una requisa efectuada en la cárcel de Coronda el 20 de febrero pasado se le encontró en la vagina un preservativo que contenía dos envoltorios de nylon con un peso aproximado de 6 y 7,1 gramos de clorhidrato de cocaína, que aparentemente llevaba para un familiar.
"No se advierte que los funcionarios públicos hubieran actuado bajo el amparo de sospecha razonable de la comisión de un delito o de circunstancia alguna que excepcionalmente pudiera justificar una diferente ponderación de intereses", escribió en su solicitud el representante del Ministerio Público Fiscal.
En la entrevista, el funcionario dijo que antes de dictaminar sobre este caso particular realizó un relevamiento y llegó a la conclusión de que tomando en cuenta otras jurisdicciones "hay una disparidad de criterios" sobre el tema.
En el caso de Santa Fe, el fiscal detectó que se registraron cuatro hechos similares en la cárcel de Coronda y uno en el penal de Las Flores, de la capital provincial. Y destacó que "incluso hay lugares donde los sistemas penitenciarios han adoptado normas que impiden este tipo de prácticas".
El representante del Ministerio Público diferenció una "requisa preventiva", como la mencionada en este hecho, de la posibilidad de que "exista una sospecha razonable", aunque consideró que en estos casos también las revisaciones "deben ser debidamente autorizadas y realizadas bajo una serie de requisitos, entre ellos el de personal médico competente".
"Entre los derechos de los internos de una cárcel está el de tener contacto asiduo con su familia y este tipo de prácticas desalienta las visitas, lo cual implica un cercenamiento de los derechos de los internos. Es un efecto secundario negativo", completó Onel.
El fiscal reseñó en su fallo que este tipo de procedimientos fueron cuestionados por distintos organismos internacionales, entre los que se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"El empleo de registros corporales a las personas privadas de libertad y a sus visitantes no deberán aplicarse en forma indiscriminada, sino que debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, deben practicarse en condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo sexo, y deberán ser compatibles con la dignidad humana y con el respeto a los derechos fundamentales", dice un informe de la CIDH de 2011.
