El último martes, la diputada nacional por San Juan, Graciela Caselles, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el pedido para que se suspenda de su cargo a Eduardo Cáceres, quien está procesado por violencia de género. La denuncia de su ex pareja Gimena Martinazzo fue el pasado 25 de noviembre y por estos motivos, casi dos meses después, Caselles junto a un grupo de diputadas del bloque Frente de Todos dirigió una carta al presidente de la Cámara, Sergio Massa.
Junto con el escrito redactado por la dirigente bloquista se estamparon las firmas de Jimena López, Mónica Macha, Mara Brawer, Carolina Moises, Liliana Schwindt, Verónica Cáliva, Liliana Yambrun, Patricia Mounier, Estela Beatriz Hernández, Melina Delú, María Graciela Parola, Alcira Figueroa y Victoria Rosso, quienes adhirieron al pedido.
En su presentación, la diputada Caselles expuso: “la violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y asociación”.
Según la información publicada por Infobae, “desde la cúpula del Pro adelantaron que si bien la denuncia y la posterior imputación de Cáceres datan de diciembre, la diputada resolvió pedir la suspensión del diputado luego de que fuera procesado con prisión preventiva”.
Cabe destacar que Cáceres está acusado por lesiones agravadas por el vínculo contra Martinazzo, quien es vicepresidente del Pro en San Juan. Además, el diputado fue embargado por $250 mil. En la última semana, el legislador sanjuanino tomó visibilidad pública luego de presentar un proyecto de ley llamado “Ley Alejo”, que buscaría prevenir la violencia contra los varones, sancionar las falsas denuncias y los escraches.
