A fines de agosto una niña de 14 años discapacitada fue violada por el dueño de las tierras en las que vivían sus padres. Producto de los reiterados abusos sexuales la menor quedó embarazada. Su madre pidió, siguiendo la legislación vigente, que le practicaran un aborto. Finalmente el embarazo fue interrumpido. Hasta que el procedimiento se concretó, una abogada y dos médicos habrían intentado evitar que se produzca y hasta incluso, le habrían sacado una ecografía a la menor para que su madre cambie de opinión. Los tres denunciaron el aborto y lo tildaron de ilegal. Ahora la Justicia decidió investigarlos a ellos por presunta "violación a la intimidad".
Los investigados son la abogada Paola Miers, su esposo Federico Bazán y el médico Pablo Antequeda. El fiscal Daniel Galvani pidió al juez subrogante del segundo Juzgado de Instrucción, Ricardo Grossi Graffigna, que los investigue por haber cometido un delito contra la libertad de la paciente. El magistrado entendió que la denuncia contra los trese debía ser investigada en la órbita correccional y por ello la Fiscalía Correccional N° 4 tomó cartas en el asunto.
Como primera medida, la fiscal correccional Silvina Gerarduzzi solicitó la unificación de las denuncias en una sola causa y determinó las irregularidades que habrían cometido los denunciantes en el Hospital Rawson previo a la intervención quirúrgica. Entre las violaciones a la intimidad del paciente se enumeran varias: habrían entrado a la habitación, revisado su historia clínica y hasta realizado una ecografía sin ningún tipo de aval de las autoridades del nosocomio. Entre las pruebas presentadas, están las filmaciones del Rawson, que fueron proporcionadas a la Justicia.
