Tras detectar una serie de irregularidades, el Gobierno intervino al Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta. La decisión fue tomada a través del decreto N°271.
La decisión fue tomada tras un informe de auditoría donde, según explica el decreto, se detectaron numerosas irregularidades en la administración económico-financiera en la entidad autárquica.
"Una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos sin ningún tipo de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también la falta de libros contables manuales ni de un sistema de registración financiero-presupuestario", menciona el decrero.
El informe prueba que el año pasado y en los primeros meses de este 2019 se entregaron fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que se hubiesen rendido el destino asignado a los mismos.
La intervención tendrá una duración de tres meses y estará a cargo de una Comisión Interventora y Normalizadora, la que deberá adoptar todas las medidas necesarias para la regularización del ente autárquico.
