El intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, está a un paso de perder su cargo antes de cumplir un año de mandato. Enfrenta una acusación como cómplice del robo de caño del Gasoducto NEA y esta semana la Cámara de Diputados de la provincia aprobó el proyecto de ley que establece su destitución y la intervención del municipio salteño. Este jueves se trata en el Senado.
Frente a este contexto, Prado opinó que "hay un interés político detrás de la intervención de Aguaray". Remarcó que en su localidad reina la paz social y que mucha gente lo apoya porque un grupo de vecinos y agrupaciones políticas se manifestaron en contra de la decisión de los legisladores salteños. "Le queremos decir a los diputados que se respete el voto popular, la institucionalidad y la voluntad de la gente", advirtió en una entrevista con Somos Noticias.
“En Aguaray está garantizada la paz social, tenemos la cuentas en orden y un buen diálogo con el concejo deliberante"
El jefe comunal, quien semanas atrás anunció una millonaria inversión por parte de una empresa venezolana para construir un hospital de alta complejidad en Aguaray, aseguró que en el municipio las cuentas están en orden. "Creo que hay un sector de la Cámara de Diputados que está impulsando la intervención de un municipio donde no están dadas las condiciones para una intervención, para mí hay más intereses políticos que van a alterar la paz social en Aguaray", finalizó.
