Avanza la investigación sobre los políticos salteños que se anotaron en el ANSES para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, destinado a personas que necesitan ayudan económica para hacerle frente a la pandemia.
El escándalo se conoció la semana pasada a través de informes periodístico y salpica a alrededor de 50 concejales, diputados y funcionarios de diferentes municipios de la provincia. El lunes, el fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó al ANSES que entregue toda la información sobre los trámites gestionados por los políticos.
La abogada Susana Aramayo, gerenta de la delegación del organismo en la calle Jujuy, presentó la denuncia en persona el mismo viernes, y puso a disposición de la Justicia Federal toda la información a su alcance.
En las últimas horas se confirmó que la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen, quien había ordenado de oficio la apertura de una investigación, dispuso entregar todo lo actuado al fuero federal y ponerse a su disposición. "Es una investigación compleja y habrá que determinar uno a uno en qué situación se encuentran", explicó la fiscal.
