Fueron imputados y recibieron prisión preventiva 12 integrantes de una banda que efectuaba golpes comando a importantes empresas de la región (entre ellas a La Virginia y Polimix), locales comerciales y viviendas. Para otros dos se dispuso prisión domiciliaria. El monto de lo robado en seis ataques perpetrados entre febrero de 2021 y marzo de 2022 asciende a $6 millones y u$s75 mil, además de vehículos, joyas y otros bienes.
El juez de Primera Instancia, Pablo Pinto, tuvo por formalizada la audiencia imputativa dictando la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Luis Miguel C., Luciano G. y Marcelo F. Yamil Z, Leandro C., Roberto O., Hernan I., Claudio V., Andres U., José Luis C., Erica G., Abigail R.; y dispuso la prisión preventiva con modalidad domiciliaria para Mariana C, y Mariana Belén G., con tobillera electrónica.
Los roles de cada integrante de la banda
La fiscal Juliana González de la Unidad de Investigación y Juicio le atribuyó a Luis Miguel C. el rol de jefe y organizador de la asociación, que procura la materialización de los hechos, mientras que las restantes personas mencionadas cumplían otros papeles indispensables. Así a Erica G. se le endilga haber recabado información de potenciales víctimas, recomendar nuevos integrantes, y haber coordinado con Luis Miguel C. para materializar los hechos.
A Marcelo F., Lucano G., Leandro C., Hernan I.,Roberto O., Yamil Z., y Andrés U., se les atribuye haber participando activamente durante la ejecución de los hechos y/o haber realizado tareas de campana y/o de inteligencia previa; y por último, un tercero subgrupo, integrado por Mariana G., Abigail R., José Luis C., Claudio V y Erica G., se les asigna el rol de haber ayudado a asegurar el producto o provecho de los hechos ilícitos (dinero y/o bienes adquiridos ilícitamente con dicho dinero y/o bienes desapoderados); haber ocultado éstos, y asimismo haber ocultado los instrumentos del delito (armas de fuego, handies, inhibidores de señal, herramientas de trabajo, vestimentas), a fin de garantizar la subsistencia de la empresa criminal y su impunidad.
Por último, a Lorena C. se le atribuye haber omitido mantener en reserva las actuaciones que llevaba a cabo personal policial abocado a la investigación de la presente, y que debía cumplir como deber inherente a su calidad de empleado policial de la provincia de Santa Fe, al haber alertado y avisado, cuanto menos, a Luis Miguel C., José Luis C, y Mariana G., de que estaban siendo objeto de investigación, a fin de que se cuidaran, escondiendo las armas de fuego, y demás elementos incriminantes.
Además se le achaca haber brindado asesoramiento a aquellos de que usarán un teléfono celular distinto al propio para la comisión de los hechos, y/o de que se descartaran de éstos tras su perpetración, para garantizar su impunidad y la de los restantes miembros de la organización. En el mismo sentido, se le atribuye haber ayudado a los miembros de la organización criminal a eludir las investigaciones de la autoridad y a sustraerse a la acción de esta, y no haber denunciado la perpetración de los hechos mencionados, cuando por su calidad de funcionario policial estaba obligado a promover la persecución penal.
Además se imputó a Luis Miguel C., Leandro Gabriel C. y Yamil Carlos Z. por tenencia ilegítima de armas de fuego. Entre las secuestras se encuentran revólveres largos, pistolas semiautomáticas, escopetas y una carabina Kalashnikov.
