Un parto hogareño que se complicó y terminó con el bebé fallecido y la madre perdiendo el útero desató un fuerte descargo de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Rosario (ASOGIR) que insistió en la necesidad de atender los alumbramientos en espacios sanitariamente seguros.
Al parecer, la entidad ya había advertido el accionar de la profesional ante el Comité de Ética del Colegio de Médicos y tras el desenlace fatal, la investigación derivó en allanamientos al consultorio y la vivienda de la partera donde se realizaron las prácticas, pese a que en el caso específico se aconsejaba una cesárea.
Si bien se expresaron en respaldo a la ley Nº 25.929, conocida como ley de parto humanizado, que sostiene que "cada persona tiene derecho de elegir de manera informada y con libertad el lugar y la forma en la que va a transitar su trabajo de parto (deambulación, posición, analgesia, acompañamiento) y la vía de nacimiento". Plantearon que los términos de la norma estipulan el respeto de los derechos "en tanto no comprometa la salud del binomio madre-hijo/a".
Sin medias tintas, la entidad colegiada expresó su preocupación por el hecho de que "en partos desarrollados en domicilios, pero sin una «institución asistente», surjan complicaciones maternas y/o neonatales y sean derivados a hospitales, sanatorios o clínicas sin responsable alguno, y sin poder ser resueltas en forma favorable".
