La Cámara Penal de Santa Fe denegó el pedido de peritaje informático realizado por los fiscales rosarinos que investigan a sus pares de Santa Fe, Roberto Apullán y María Laura Martí, tras la denuncia del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. De esta manera no se tendrá acceso a los servidores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ni a los correos electrónicos de dos policías que trabajaron en en la pesquisa por la causa de las horas extra (conocidas como Ospe).
A una semana de la audiencia de apelación en la que los acusados denunciaron una serie de obstáculos de parte del fiscal regional, Carlos Arietti, cuando el caso salió a la luz en octubre del 2017, el juez Enrique Alvarez resolvió revocar parcialmente la resolución de primera instancia que avalaba las medidas de prueba solicitadas por Juliana González.
Entre ellas se encontraba el acceso a los servidores del MPA en el período comprendido entre junio del 2017 a diciembre del mismo año, para determinar los ingresos de los fiscales Apullán y Martí, quienes tenían a su cargo la investigación de las horas Ospe y dispusieron la detención del ex comisario de la Unidad Regional V Adrián Rodríguez.
Otro de los pedidos se refería al "acceso a toda la información que se halla dentro de los Servidores del MPA, desde el 06 'de noviembre de 2017 al 06 de marzo de 2018 correspondientes a las cuentas de correo oficial de Nicolás Rimoldi y Ariel Katramiz", empleados policiales que trabajaron bajo las órdenes de los fiscales acusados "a los fines de detectar todos los archivos de audio objeto de la presente investigación que hubieran sido enviados o recibidos como adjuntos en correos salientes o entrantes de casillas de mail oficiales correspondientes a ambos preventores".
En su fallo de 25 hojas, el magistrado de segunda instancia dejó en claro que "no surge palmariamente cuál es la actividad ilícita" que se les atribuye a los cuatro y recomendó a los fiscales rosarinos una serie de medidas para continuar con la pesquisa judicial que surgió en base a la denuncia realizada por el ministro de Seguridad de la provincia.
"Debo también instar de que si consideran pertinentes y útiles las medidas que no se van a convalidar en esta instancia por defectos, de forma, luego, subsanadas las omisiones o irregularidades, pueden continuar con la investigación con los medios adecuados y con el marco legal que tienen a su alcance; tal premisa no solo se refiere a los fiscales sino a todos los actores, que deben tener como horizonte supremo llegar a la verdad. Dejo a salvo que ello es una simple opinión y sin ningún ánimo de indicarles los pasos a seguir; en este sentido el nuevo ordenamiento procesal penal es claro en definir la actividad de los fiscales, en la cual, reitero, el suscripto no puede realizar intromisiones de cómo se debe investigar", remarcó Álvarez.
Y seguidamente agregó: "No podemos sustraernos que el tema hoy en estudio es delicado y por ello hay que darle en forma rápida y contundente respuesta al denunciante. La rapidez y contundencia deben ir en paralelo, para que se tenga un panorama claro y preciso de un tema que ha estado instalado en la opinión pública".
