Sabrina Villaba, una joven de Coronda, lucha desde 2014 para ingresar al Servicio Penitenciario. Su traba es haberle donado un riñón a su madre.
La mujer cumplió con los requisitos administrativos pero los problemas comenzaron cuando los médicos le detectaron una cicatriz en su cuerpo. Al averiguar que se trataba comenzó su calvario.
Sabrina buscó a un abogado y presentó un recurso de amparo. Este viernes, cuatro años más tarde logró ser atendida por el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni.
"Yo sinceramente no lo había recibido (al pedido), así que me puse en contacto", expresó.
"En primer lugar quise escuchar qué tenía para decir. La invité a traer si tiene certificaciones médicas o estudios. Asimismo pedimos informes a la Junta Médica del Servicio Penitenciario, sobre los criterios utilizados", informó Cococcioni.
Además, sostuvo que más allá del análisis puntual del caso de Sabrina, las normas son "muy vetustas" por lo que proyectaban realizar cambios.
"Este caso es muy complejo también porque se postuló en el ingreso al escalafón Cuerpo General que es para tareas específicas de seguridad. Tal vez, si hubiera sido para un concurso de oficinista, no estaríamos teniendo esta discusión", aseveró.
"Yo no soy médico, y no puedo decir si está bien o mal la exclusión. Entiendo que hay algunos argumentos, pero también entiendo que si el dictamen, de alguna manera se basó en normativas desactualizadas que no se condicen con los criterios médicos actuales y modernos, por supuesto que como Estado tenemos toda la facultad de revisar esa normativa y actualizarla", explicó.
