Los hermanos Martín y David Marcelo Rey están seriamente comprometidos en la causa contra Esteban Alvarado. Concretamente se los imputó por aprovechar su función de policías para plantar pistas falsas con las cuales desviar el curso de investigación contra el presunto narcotraficante.
Martín, que hasta el jueves se desempeñaba en la división Operativa de la Policía de Investigaciones (PDI), está acusado de haber aportado el supuesto dominio del Volkswagen Up en el que huyeron quienes habían atentado contra una empleada del Ministerio Público de Acusación.
En ese informe se daba cuenta del seguimiento con videocámaras de los vehículos que participaron en el atentado antes mencionado, y se aportaban otros datos para supuestamente dar con los autores del hecho, pero todos eran falsos. No fue la única vez.
También hizo lo mismo con los ataques al Centro de Justicia Penal y a los Tribunales Provinciales ocurridos en diciembre, al dar aviso a los fiscales intervinientes que los autores de los hechos serían unos colombianos que se encontraban en Pueblo Esther. La idea nuevamente era diluir las sospechas hacia Alvarado y redirigirla a hacia estas tres personas que tendían relación con la familia Cantero.
Precisamente, el 29 de abril de este año se realizó un allanamiento en Rivero al 5200. Según los fiscales, Martín Rey aprovechó el operativo para introducir un teléfono con mensajes de texto destinados a ser analizados por los fiscales. La idea era ayudar al jefe de la banda, Alvarado, en la causa por el homicidio de Lucio Maldonado, inculpando a personas ligadas a Los Monos.
Por su parte David Marcelo Rey habría ayudado a su hermano en este último ardid. Los dos fueron imputados por tomar parte en una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, incumpliendo además deberes de funcionario público.
Los otros detenidos
En cuanto a Jorgelina Miriam C., otra de policías detenidas, se le atribuyó el hecho ocurrido el 18 de diciembre de 2018, cuando recibió un mensaje de whatsapp enviado por una subinspectora policial con el contacto de una persona relacionada a la familia Cantero y el mensaje: "Ahí ese está recontra relacionado con las balaceras". Ella le respondió: "Mañana voy para allá".
Luego, en reiteradas oportunidades les dijo a fiscales y empleados de la oficina a cargo de la investigación que intervengan las comunicaciones de esa línea telefónica, todo ello como parte del plan de Alvarado para desligarse del homicidio de Lucio Maldonado.
A Nicolás Marcelo O. se le imputó haber prestado colaboración esencial para la ejecución de la balacera contra la casa de una empleada del MPA. La ayuda consistió en haber hecho tareas de seguimiento, toma de registros fílmicos y fotográficos del domicilio, y de un automóvil Volkswagen Up gris (de similares características al utilizado en el hecho) perteneciente a un testigo de cargo en la investigación por el homicidio de Lucio Maldonado. Dicha información fue utilizada por integrantes de la organización para ejecutar el ataque, intentando inculpar a ese testigo.
Por último, a Pablo B. se le imputó haber incumplido con las obligaciones inherentes a su cargo, en su rol de policía ejerciendo funciones dentro del MPA como investigador de diversos atentados contra domicilios de magistrados judiciales y dependencias públicas locales y provinciales.
En esa circunstancia Pablo B. entregó información reservada a terceras personas que debía saber que llegaría a conocimiento de Alvarado, como ser el mencionado Whatsapp a Jorgelina C. Al igual que esta última, en reiteradas oportunidades pidió intervención a esta línea telefónica, tal como le había ordenado su jefe Alvarado. Además había avisado a este sobre una serie de allanamientos que estaban por realizarse y acerca de un testigo que declararía en su contra.
