Este 10 de diciembre, asumirá el gobierno municipal en Río Primero, por primera vez desde 1983, el partido justicialista. Gobernada por el radicalismo durante casi cuatro décadas, la localidad cambiará su signo político después de que en las elecciones del 14 de abril, la lista de Unión Por Córdoba, encabezada por la arquitecta Cristina Cravero, lograra imponerse por un amplio margen sobre la lista de la Unión Cívica Radical, liderada por el ex intendente y actual funcionario nacional, Guillermo Crucianelli.
Durante los 36 años de gobierno radical, desde la oposición, se cuestionó la transparencia y las designaciones "a dedo" dentro del Municipio, donde algunas familias resultaron beneficiadas con el nombramiento de varios de sus miembros.
Contemplando la crítica que realizaron durante tanto tiempo, antes de asumir la nueva gestión, quienes todavía hoy son oposición decidieron presentar un proyecto de ordenanza para la creación de un Código de Ética Municipal, donde en su artículo 14 contempla los nombramientos de personal, disponiendo que no podrán "efectuarse designaciones de personas en el Departamento Ejecutivo Municipal ni en ningún organismo municipal, que tengan algún vínculo de parentesco por consanguinidad y afinidad, tanto en línea recta como colateral hasta segundo grado, con el intendente, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, personal municipal administrativo y con retiro voluntario, concejales, tribunos de cuenta, juez de faltas; incluidos cónyuge y uniones convivenciales".
La medida fue interpretada de distintas maneras por cada concejal, incluso generó diferencias dentro del mismo bloque de UPC, autor del proyecto. Desde la oposición, Javier Pesce y Estela Mazzoni, defendieron la normativa propuesta, fundamentando que es algo que estuvieron reclamando a las gestiones radicales durante décadas y que ahora, al asumir, quieren cumplir, como compromiso de coherencia y transparencia hacia el vecino.
El otro integrante del bloque opositor, Ricardo Arnaudo, no se expidió al respecto al ser consultado por Vía Río Primero. Según trascendidos, una de sus hijas ocuparía un cargo dentro del Ejecutivo al asumir la nueva gestión, en el área de Acción Social, y aunque la ordenanza, en caso de aprobarse, no será retroactiva, algo lo habría hecho repensar su posición frente a la normativa por su bloque impulsada.
Del lado del oficialismo, Romina Chialva se expresó enfáticamente a favor del Código de Ética, y aunque se le cuestionó ser proveedora del Municipio por ser farmacéutica, la edil aseguró que al conocer el proyecto, "inmediatamente" dejó de ser prestadora municipal, asegurando que incluso "al recibir recetas del Centro de Salud, las derivo, porque no me parece ético".
Chialva mencionó que otra farmacia se encontraría en similar situación, en caso de aprobarse el Código de Ética, por ser cuñada de un secretario municipal, desconociendo la postura que tomaría la colega.
Adriana Martínez, prefirió mantenerse al margen, fundamentando que está "analizando punto por punto nuevamente" y que tras el análisis que realicen en la reunión de comisión del próximo lunes, podrá manifestar su opinión cuando se le de tratamiento en el recinto del Concejo Deliberante. Martínez tiene en el área administrativa municipal a su hijo, pero repetimos, la ordenanza no sería retroactiva.
Por su parte, el presidente del Cuerpo Deliberativo, el contador José Toscano, se mostró sorprendido por "las discrepancias" que se generaron destacando principalmente las diferencias entre los propios miembros del bloque de UPC que son quienes presentaron el proyecto, y consideró inoportuno el momento para tratarlo porque "sería como estar condicionando a la nueva gestión".
Ricardo Papa, el otro concejal del radicalismo, no respondió nuestra consulta.
También se le consultó al intendente Carlos Borgiattino, quien expresó no estar al tanto de la propuesta, por lo que una vez que se reúna con su bloque de concejales podrá emitir una opinión.
La intendente electa, Cristina Cravero, quien será -siempre considerando la posibilidad de que se aprobara el proyecto- la afectada por la nueva normativa, prefirió no entrar en la discusión asegurando que "nosotros estamos abocados en prepararnos para hacer una buena gestión".
