Chaco participó del Consejo Federal de Zonas Francas, que sesionó en la Casa de San Luis de Buenos Aires, donde se firmó el proyecto final de reforma a la ley Nº 24.331, tras 25 años de una normativa que no responde a las necesidades de estas áreas productivas en el país. “Las evidencias internacionales muestran que las zonas francas, con una normativa adecuada, pueden jugar un rol mucho más relevante en las exportaciones de bienes y servicios, en la atracción de inversiones y en la generación de empleo”, resaltó la secretaria de Inversiones de la Provincia, María Elina Serrano.
Entre otros temas, se analizó el impacto de la decisión 33 del Mercosur que dispone que las mercaderías originarias del bloque no perderán la exención del arancel intra-zona si pasan por una zona franca controlada por un país miembro. "Esta decisión va a permitir almacenar sin perder el certificado de origen, pero las zonas francas son mucho más que galpones de almacenamiento, son el lugar natural para producir y agregar valor para bienes y servicios de la economía del conocimiento”, afirmó Tania Yedro que participó de esta convocatoria como parte del equipo técnico de la Secretaría de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción de la Provincia del Chaco.
Para su tratamiento en el Congreso, los representantes provinciales resolvieron elevar el Proyecto de Ley a todos los candidatos presidenciales, a fin de que sea puesto en agenda para su posterior tratamiento legislativo y, el que resulte electo, pueda asignarle un ámbito específico a la temática. Entre los cambios previstos, se plantea que lo producido en zona franca ingrese al territorio aduanero general pagando el arancel sólo sobre el componente importado y no sobre la totalidad como actualmente. Esa medida se combinaría con la "tarifa invertida", donde se grava la porción extranjera del producto terminado con la alícuota correspondiente a la importación de los insumos o piezas, siempre que sea menor a la alícuota del bien final. También se propone la armonización de los beneficios con los de la ley de economía del conocimiento, de manera que las empresas radicadas en las zonas francas tributen la alícuota reducida (15%) del impuesto a las ganancias.
Esos incentivos se sumarían a los ya existentes, como la exención de IVA para las ventas que se realizan desde el territorio aduanero general con destino a la zona franca. Eso significa que, si una empresa decide instalarse en una zona franca los insumos, las piezas, el equipamiento, la maquinaria y los materiales de construcción, así como los servicios que requiera, y los alimentos para el personal, estarán exentos del IVA. Si provienen del exterior, tampoco pagarán derechos de importación ni tasa de estadística. Y es posible ingresar libremente bienes de capital usados, ya que no rigen las prohibiciones económicas.
También se encuentran exentos del pago de los impuestos nacionales que gravan los servicios básicos que se prestan dentro de ella: telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente, cloacas y desagües. Al igual que muchas provincias también eximen de Ingresos Brutos a las actividades desarrolladas en zonas francas.
