En las últimas horas, se conoció un comunicado de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto” de Rosario, a una semana de que se conociera el fallo de la Justicia de Rafaela, en donde habilitaba a que los 257 fetos conservados en frascos en el Hospital por el Jefe de Anatomía Patológica del efector público, tuvieran la necesidad de ser identificados antes de ser enterrados.
Bajo el título “Un nuevo intento de imponer creencias y concepciones personales violando los derechos de las mujeres”, se afirma que “Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario entendemos que este hecho constituye un nuevo intento de imposición de concepciones y creencias personales del profesional responsable, violatorios de derechos consagrados en la Ley 26529 de Derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de la salud: derecho a un trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad y al respeto de la autonomía de la voluntad”.
“Bajo el pretexto de la objeción de conciencia, el médico jefe de la sección de anatomía patológica, desconociendo los procedimientos habituales, conservó entre 2005 y 2020, fetos en formol provenientes de pacientes que sufrieron abortos espontáneos antes de la semana 20 de gestación, sin ningún tipo de autorización ni consentimiento informado por parte de las pacientes ni de la dirección de la institución, con la pretensión a partir de la solicitud de una autorización judicial, que dichos fetos sean ahora enterrados en el cementerio local”, sostienen en el escrito.
“Consideramos que el objetivo del proceder del médico absolutamente irregular es reeditar en la agenda pública el debate de la asimilación del feto a la persona humana que los representantes de las organizaciones “anti derechos” llevaron al Congreso de la Nación durante el tratamiento parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, discusión que fue saldada con extensos fundamentos científicos y legales por parte de lxs más prestigiosxs juristas y académicxs de nuestro país”, dicen.
“Resulta de una crueldad inusitada la conducta de un profesional que con la excusa de la objeción de conciencia, impone a las pacientes un proceder que hace revivir a las mujeres y su entorno familiar un suceso que sin lugar a dudas debió ser inesperado y traumático”, afirman.
“Entendemos que es urgente por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe la investigación administrativa del accionar del profesional responsable para aplicar las sanciones que correspondieren, así como impulsar las acciones judiciales en forma inmediata para proteger a las pacientes, resguardando su identidad en respeto al derecho a la privacidad para evitar la victimización de las mujeres involucradas”, completan.
