Las personas con discapacidad podrían ver mellado su tratamiento, si es que el presidente Javier Milei rubrica el decreto que tiene a su fir a partir del cual se desregula el nomenclador de prestaciones y servicios en discapacidad que conforman el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad establecido por la ley nacional 24.901. Rafaela no fue ajena a las protestas que se dieron en todo el país para visibilizar esta situación.
Ese nomenclador que plantea cuáles son las prestaciones y servicios en discapacidad y el valor que tiene cada una de estas y actualiza sus valores a través de una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas. En este Directorio participan organismos del gobierno, que son mayoría, y representantes de organizaciones prestadoras por la minoría, por lo tanto, a los aumentos los termina determinando siempre el gobierno nacional. Lo que se plantea es que ya no habrá un nomenclador único, sino que pasaría a haber aranceles de PAMI, otros aranceles de Incluir Salud y otros de la Superintendencia de Salud. Esto implica un riesgo porque por un lado ya no existirá un sistema único, sino que cada uno de estos entes tendría su propio valor de prestaciones y servicios, lo cual esboza una diferencia injusta para las personas con discapacidad afiliadas a estos organismos y deja en manos de cada entidad plantear sus valores del nomenclador. La Superintendencia (SSS) sería la encargada de pautar los valores que deberían pagar las obras sociales y prepagas.
En la mañana de este miércoles, personal de Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) realizaron una conferencia de prensa en donde dieron detalles de la situación. Marcelo Gieco fue quien dio detalles de esto: “desde la ley que rige desde 1998, existía un fondo compensado -con fondos nacionales- que reintegraba a las obras sociales lo abonado por ese nomenclador. Esto también era así porque nuestro país adhirió a la convención nacional de los derechos para las personas con discapacidad. Siempre nuestro país fue un ejemplo por haber tenido esta cobertura tan amplia que permitía y los accesos a los derechos de las personas con discapacidad”, dijo.
“Ahora, se sacaría el fondo compensador. Y, por lo tanto, las obras sociales van a tener que hacerse cargo de las prestaciones pero con la diferencia que pueden decidir ellas cuáles serían los valores que van a pagar de ahora en más. Esto lo que va a ocasionar es un gran perjuicio para las personas con discapacidad, una gran desigualdad, porque van a tener que ver qué es lo que van a poder hacer las obras sociales porque también la realidad es que teniendo este fondo compensador era una forma de de garantizar las prestaciones”, detalló.
“Hoy está en peligro tanto la continuidad de las prestaciones como también el trabajo de todos los profesionales dedicados a la discapacidad. Esto abarca a los profesionales que trabajan en forma particular dando terapias, los centros de días los hogares, los centros educativos terapéuticos, también las escuelas especiales. Todo está regido porque este nomenclador abarcaba todo lo que tenga que ver con la discapacidad”, añadió.
Un párrafo aparte merecen los transportistas, quienes vieron incrementados sus costos (combustible, lubricantes, cubiertas, etc), mientras que ahora podrían hasta cobrar menos. Con la desregulación, sería imposible conseguir transporte especial al mismo precio. Esto implicaría un mayor costo para la familia.
Los problemas vienen con un arrastre desde hace tiempo. Gieco recordó que es histórico el retraso en el pago de las prestaciones: los profesionales presentan un plan de trabajo en diciembre, para que, luego de ser aprobado por la obra social, prepaga, PAMI o Incluir Salud, se pueda facturar. Pero esa factura se llegó a pagar, el año pasado hasta con 6 meses de retraso. En una economía inflacionaria como la nuestra, eso implica licuar los ingresos de los profesionales. En 2023 hubo una gran movilización y después de eso se “normalizó”: se pagaba con dos o tres meses de atraso. Tampoco se pagan los valores de mercado, pero se garantizaba la universalidad de los tratamientos.
Ante la consulta de cómo afectaba esto a los tratamientos, María Fernanda Gómez Odetto dejó en claro que “este proyecto de desregulación pone en peligro a los tratamientos. Sabemos que las personas con discapacidad, dependiendo del grado de la misma, requieren de distintos grados de apoyos, de acuerdo a su patología y a su condición individual. Todo en riesgo la continuidad de los tratamientos. Si hasta ahora venía siendo difícil solventarlo por los atrasos con respecto a la inflación, el hecho de desregular y que cada obra social ponga el precio del arancel que quiera (que seguramente será a la baja y que implica un recorte encubierto) será muy difícil seguir sosteniendo los tratamientos. Entonces, habrá personas con discapacidad de primera, segunda o tercera categoría de acuerdo al tipo de obra social que tenga. Hoy, gracias al nomenclador, no es así y todas tienen que pagar lo mismo, tengas OSDE, Prevención o cualquier obra social”.
“Esta desregulación afecta a la universalidad y tenga un grado de discriminación horrible. Si tu obra social paga muy poco, vas a tener que pagar un plus y tener que solventar la diferencia o directamente no acceder a esos tratamientos. Por eso está todo el país movilizado”, sentenció.
Gieco aclaró que “Esto también abarca la medicación de alto costo, sillas de rueda, ortesis, prótesis, implantes cocleares y todo lo que tiene que ver con los tratamientos. Ya venía pasando con la medicación, pero ahora en este período ventana, no se estaba dando la medicación y esa persona tiene un deterioro en su salud”.
