La próxima semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, recibirá a la Confederación General del Trabajo con el fin de “evaluar alternativas que brinden un auxilio para los números en rojo del sistema sindical de salud”. Es que, efectivamente, la reunión se dará en el marco del rechazo que tuvieron los dos artículos que se incluirían en el Presupuesto 2023 y que iban a ser un “alivio” en la crisis que enfrentan las obras sociales.
A partir de la votación en Diputados, se generó un clima tenso alrededor de la CGT. Es que los gremios habían acordado con el Frente de Todos la inclusión de esos artículos que iban a dar un respiro al creciente déficit financiero de las obras sociales. “Ahora sí quedamos al borde del colapso”, dijo uno de los sindicalistas.
Los artículos en cuestión vienen siendo reclamados desde hace años por la CGT. Estos contemplaban incorporar $175.000 millones para que el Estado se hiciera cargo de los gastos de educación y transporte en el rubro discapacidad y, además, de la financiación de la cobertura de medicamentos de alto costo y tratamientos de alta complejidad.
Mientras los sindicalistas reclaman al Gobierno que no se haya avanzado en la sanción de estos, desde el oficialismo apuntan a la oposición: mientras 117 diputados del Frente de Todos, más tres aliados (los del Frente de la Concordia de Misiones, el Movimiento Popular Neuquino y SER, de La Rioja) votaron afirmativamente, 124 legisladores de Juntos por el Cambio y la abstención de cuatro diputados del Frente de Izquierda impidieron el avance de las medidas.
Como se rechazó el artículo 127, se retiró de la votación el 128: el que más le interesaba al sindicalismo. Este último iba a permitir a las obras sociales traspasarle al Estado el elevado costo de las prestaciones de discapacidad en materia de educación y transporte.
Las promesas del oficialismo a la CGT
Según dicen desde la CGT, las obras sociales todavía no recibieron los $24.000 millones prometidos por Massa, a razón de cuatro tramos de $6000 en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estos fondos, detallan, no eran del Tesoro Nacional sino del sistema sindical de salud, proveniente del aporte de trabajadores y empresarios. Este debería haber sido girado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), desde donde se pagan los reintegros a las obras sociales.
Además, desde hace tiempo los dirigentes encabezados por José Luis Lingeri, titular del Sindicato de Obras Sanitarias y secretario de Acción Social de la CGT, vienen alertando que las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación representan actualmente casi un 70% de la recaudación del FSR. El impacto de las prestaciones por discapacidad que no tienen que ver con la salud, según asegura la central obrera, “acentúa el desfinanciamiento de las obras sociales”.
Hace un año, el presidente Alberto Fernández se comprometió con la CGT a solucionar este tema mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El proyecto era que las obras sociales traspasaran al Estado las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, pero no avanzó, pese a la fuerte presión sindical.
Por su lado, al asumir, Massa pidió archivar ese plan con el objetivo de recortar el gasto público, pero propuso incorporar en el proyecto oficial “una partida dentro de los mecanismos que tiene el presupuesto para solucionar este tema”.
Fue por eso que se negociaron los artículos 127 y 128. Con su aprobación se podría haber generado un alivio en las cuentas en rojo de las obras sociales. Por el contrario, los sindicalistas alertaron en las últimas horas que prácticamente no hay plata en el Fondo Solidario de Redistribución. Así, no podrían pagarse a las obras sociales los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos de alto costo. Advierten que se este modo el sistema entraría así en un estado de quiebra.
Ante este escenario, será tarea de Massa encontrar una solución que evite el colapso de las prestaciones de salud en el sistema médico que administran los sindicatos.
