El kirchnerismo recurrió a la Justicia para tratar de frenar los nombramientos en el Consejo de la Magistratura y para apurar el tratamiento del proyecto de ley que impulsó el gobierno nacional para ampliar ese organismo, encargado de designar, controlar y sancionar a los jueces.
El diputado nacional por el Frente de Todos de Entre Ríos Marcelo Casaretto impulsó una medida cautelar en el Juzgado Federal N° 2 de Paraná para que la Justicia le ordene a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de Diputados, Sergio Massa, que se “abstengan de designar nuevos miembros del Consejo de la Magistratura”.
“El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley, y no se pretenda poner en vigencia una Ley ya derogada en 2006″, explicó el diputado del kirchnerismo en su cuenta de Twitter.
Si el oficialismo no consigue la media sanción definitiva en Diputados para convertir en ley la propuesta de ampliación de la Magistratura que impulsó la Casa Rosada, tal como lo ordenó la Corte Suprema, se deberá respetar el esquema previo a la reforma de 2006 que contempla un total de 20 miembros en el Consejo.
Para garantizar esa cantidad, el Congreso debería designar a un representante por la Cámara de Diputados y otro por la Cámara de Senadores y, en este momento, esos lugares les corresponderían a referentes de Juntos por el Cambio: un senador del Pro y un diputado de la Unión Cívica Radical (UCR).
Por ello, la presentación judicial de Casaretto apunta a evitar esas designaciones de referentes de la oposición y a acelerar el debate restante en la cámara baja. “El 7 de abril el Senado dio media sanción a un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional, y la participación de la oposición”, apeló el legislador por Entre Ríos.
Poco después, el jefe del interbloque de JpC en Diputados, el cordobés Mario Negri, salió a cruzar a Casaretto y denunció que “el kirchnerismo busca cualquier artilugio para INCUMPLIR un fallo de la Corte Suprema de Justicia”.
“Dicho fallo es claro: si el 15/4 no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley”, completó Negri, a través de sus redes sociales.
