Este martes, la Justicia allanó cuatro domicilios en la localidad de Eldorado, en la provincia de Misiones, que están vinculados a la causa que investiga el espionaje y el robo de identidad contra el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que permanece de licencia.
En los allanamientos se secuestraron dispositivos de almacenamiento informático, además de cuadernos, documentación, y se identificaron las identidades de quienes realizaron el hackeo hacia D’Alessandro.
El ministro será reemplazado en las próximas horas por Eugenio Burzaco. Entretanto, la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI), a cargo de Daniela Dupuy, ya requirió procedimientos avalados por la Justicia de Misiones, para que se requisen los domicilios relacionados con las personas que robaron la línea telefónica y a partir de allí, manipularon las conversaciones del funcionario.
Los sospechosos de haber perpetrado las escuchas están acusados por daño agravado y violación de secretos y de la privacidad. Al mismo tiempo, la difusión no autorizada de grabaciones e imágenes íntimas, suplantación de identidad, entre otras cuestiones.
Además de D’Alessandro, los otros damnificados serían el diputado Diego Santilli; los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso; el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Los intentos de hackeo, según la investigación, datarían de mayo de 2022, aunque efectivamente, el acceso a la información se dio en septiembre del año pasado.
El dato a tener en cuenta es que los que efectuaron el hackeo cometieron un error, que dio lugar a poder identificarlos: chequearon la información de los damnificados en las bases de datos del RENAPER.
