El primer plenario de comisiones en el Senado por la “ley bases” arrancó con polémica. En presencia de los funcionarios que asistieron para defender el proyecto impulsado por el Gobierno, senadores de Unión por la Patria denunciaron anomalías en el texto girado a la Cámara alta y en el acta de votación de uno de los capítulos más controvertidos, el de impuesto al tabaco.
La discusión se dio en el marco de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, donde asistieron el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y secretarios del Poder Ejecutivo, en un abarrotado Salón Azul del Senado.
Horas antes del inicio del debate, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, reveló que el texto que llegó a manos del Senado no es el mismo que fue aprobado en la Cámara baja. En una nota enviada al titular del cuerpo, Martín Menem, el santafesino advirtió sobre cambios en al menos dos artículos, el 152 y el 171.
En el artículo 152, como parte de las modificaciones al marco regulatorio del gas natural, se cambió el término “autorización de exportación” por “permiso de exportación”.
También se modificó el artículo 171, referido a los requisitos y condiciones para ingresar al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). En el texto aprobado en Diputados dice que “el Poder Ejecutivo Nacional puede establecer diferentes montos mínimos por ‘sector o subsector productivo’ o por ‘etapa productiva’”, pero en la comunicación al Senado dice “sector productivo”.
Ante esta situación, el secretario parlamentario de Diputados, Tomás Figueroa, le envió a su par del Senado, Rubén Giustinian, una fe de erratas donde ratificó la versión de ambos artículos aprobada en Diputados, pero los senadores de Unión por la Patria no quedaron conformes y sembraron dudas.
“Cuando se cambia el sentido del texto no es una fe de erratas, es trampa”, alertó la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio. “Se votó un texto y nos envían otro texto. Una fe de erratas es un punto, una coma o un acento, pero esto cambia el sentido. Esto no es la voluntad de los diputados. ¿Quién lo cambió? ¿Por indicación de quién? ¿Quién está atrás de estos artículos?”, se preguntó también la neuquina Silvia Sapag.
En nombre el oficialismo, el presidente de la Comisión de Legislación General, Bartolomé Abdala, intentó cerrar la discusión y señaló que “ha habido un error de tipeo que es responsabilidad de Diputados”. El exgobernador salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) también buscó dejar de lado el planteo: “Debemos trabajar con lo que Diputados remitió. No corresponde que seamos jueces de los despachos de las comisiones”.
Finalmente, al iniciar su exposición, el ministro Francos manifestó: “No vi nada anormal en Diputados. Vi un debate ejemplar donde todos los sectores políticos plantearon sus posiciones. Aparentemente ha habido errores de transcripción que se solucionaron en la fe de erratas”.
La segunda advertencia que hizo Unión por la Patria es por el capítulo que establece un impuesto del 73% sobre el precio de venta al consumidor de los cigarrillos. Según consta en el acta oficial de Diputados, este apartado fue incorporado a la “ley bases” con 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones.
En el documento hay 12 diputados consignados como “ausentes” que en realidad estaban presentes pero, por falencias en el sistema electrónico, tuvieron que expresar su voto a viva voz. Pero además hay otros dos legisladores de Unión por la Patria por la provincia de Chaco, Aldo Leiva y María Luisa Chomiak, que aparecen en la columna de “afirmativos” cuando habían expresado, también de manera verbal, que se abstenían.
Todos los casos están aclarados al pie de página, pero no en el cuerpo del acta ni en los números finales. Por este motivo, Leiva le envió un pedido de aclaración a Menem. “Solicito se corrija el acta para que conste y se compute el sentido de mi voto correctamente como abstención”, pidió. En el Senado, el salteño Sergio Leavy, del mismo espacio, insistió con el tema y advirtió que si el proyecto “viene sin legimitidad de origen” puede ser declarado “inconstitucional” en un futuro por la Justicia.
