La Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó este jueves el recurso de casación presentado por los abogados Milton Urrutia y María Alejandra Perez, defensores del sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 25 años de prisión el 6 de septiembre de 2017 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.
El sacerdote está acusado de cometer los delitos "promoción de la corrupción de menores reiterada (tres víctimas) agravada por la condición de guardador" y por "abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto".
En la nueva instancia del juicio que se llevó adelante el miércoles pero que se conocieron los resultados este jueves, los jueces Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano decidieron penalmente que el cura es responsable por los delitos de "promoción de la corrupción de menores reiterada (tres víctimas) agravada por la condición de guardador" y por "abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto" que se conocieron en 2016 estuvo integrado por María Angélica Pivas, Roberto Javier Cadenas y Darío Ernesto Crespo.
Por su parte, desde la fiscalía, sostuvieron que "aún existe peligro de fuga, no tiene arraigo, tiene doble nacionalidad y tiene los medios económicos que le permitirían evadir" por lo que Escobar Gaviria continuará detenido en la Unidad Penal de Victoria.
Por su parte, la primera denuncia la realizaron en noviembre de 2016 dos religiosas de la localidad entrerriana de Lucas González, que afirmaron que el ex cura "encerraba a niños de entre 11 y 12 años en dependencias de la iglesia" donde "cometía los abusos".
Tras esto, Escobar se ausentó del lugar y su paradero fue desconocido hasta que días después se entregó a la Justicia y dijo que estaba "en un retiro espiritual en Rosario".
En el juicio, que se inició un año más tarde, una de las víctimas declaró que era abusado "al menos dos veces por semana y durante casi dos años en la habitación del sacerdote, en el primer piso" y también cuando "hacían viajes, en el vehículo del sacerdote".
Los jueces María Angélica Pivas, Roberto Javier Cadenas y Darío Ernesto Crespo lo condenaron a 25 años de prisión por cuatro hechos de abuso y corrupción de menores mientras era sacerdote de la parroquia San Lucas Evangelista de Lucas González, en el departamento Nogoyá.
El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, le ordenó en 2016 que dejara su función, abandonara San Lucas y le abrió una investigación diocesana.
