Desde la semana pasada familiares y médicos que tratan a personas con discapacidad reclaman contra el recorte presupuestario Nacional presentado en un DNU.
Terapeutas, familias y prestadores de salud reclaman el pago atrasado de servicios que ya se brindaron a los pacientes. Según la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), no es un ajuste sino una reasignación de partidas.
Un problema administrativo habría causado la demora, pero lo cierto es que no brindaron solución inmediata a este inconveniente.
El apoyo de la UNCuyo
Por este motivo la Facultad de Educación de la UNCuyo presentó un escrito en apoyo al pedido de pagos y prestaciones que se brindan.
“Estas prestaciones profesionales contribuyen al desarrollo de una vida de calidad y promueven una participación activa, plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad”, afirman los especialistas.
Las autoridades de la Universidad entienden como especialistas en temas ligados a la salud y educación que es indispensable que se garantice el acceso a los servicios de prestaciones médicas y de transporte.
El escrito se fundamenta en lo establecido en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ley 27.044.
Donde debe reconocerse la importancia de garantizar la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, adhieren a lo que plantea la Convención. Las personas con discapacidad y sus familias deben recibir protecciones del Estado e instituciones.
También garantizar la asistencia necesaria para que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones.
“Por este motivo, y en concordancia con lo fundamentado precedentemente, las autoridades de la Facultad de Educación de la UNCuyo acompañan las acciones de visibilización de esta problemática que puso en evidencia el colectivo de personas con discapacidad”, finaliza el comunicado.
Muchas familias se han visto afectadas por el retraso de pago de las obras sociales, los profesionales denuncian que no han sido abonados tratamientos que ya se realizaron y facturaron.
En Mendoza hay 60.000 personas con Certificado Único de Discapacidad pero aseguran que el número aumenta porque no todos acceden a la documentación.
