La Secretaría de Minería de la Nación dispuso dar de baja a más de 130 firmas mineras de varias regiones del país, medida que alcanza al menos a media docena de empresas mendocinas. La mayoría se encontraban inactivas por distintas razones, pero ninguna registraba facturación en los últimos cuatro años. La decisión fue la de depurar la nómina de operadores dentro del programa de promoción de inversiones que impulsa el Gobierno para los próximos 3 años.
El trabajó consistien un cruce de base de datos con la AFIP a partir de una presunción concreta, la existencia de sujetos cuya clave fiscal se encuentra en estado inactiva o dada de baja, una “situación que no fue informada oportunamente a la Secretaría de Minería.
El objetivo declarado es “el resguardo del interés fiscal”, además de “contar con información actualizada de los beneficiarios del régimen”, por lo cual durante todo el 2021, y hasta marzo de 2022, la baja tendrá carácter de “preventiva”. El “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” al 2023 contempla dos programas: el Plan Anual de Fiscalización (PAF) y la Optimización del Registro de Beneficiarios de inversiones mineras (según ley Nº 24.196).
Desde la Nación detectaron una CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) inactiva entre 2017 y diciembre de 2019 y que además no se presentaron Declaraciones Juradas en los últimos 2 (dos) períodos fiscales y tampoco se registró la importación de bienes para su quehacer durante el mismo lapso, por lo cual se presumió el fin de su vida útil, por lo que se dispuso la baja de la misma.
La decisión adoptada por la Nación es tomada con pinzas por la Dirección provincial de Minería. Es que, si bien hay coincidencia en la necesidad de “sanear” la base actual de los operadores que efectivamente siguen en pie, apuntan a que “justo un año atípico como el 2020 no es parámetro real y tal vez no sea momento; además la minería es una de la actividades que menos cayó con la pandemia”.
La situación en la Provincia
En Mendoza la lista de empresas que en algún momento supieron explotar distintos tipos de minerales en la provincia refleja cierta diversidad. La mayoría son firmas que promedian los 20 años de antigüedad.
Entre las firmas dadas de baja se encuentran algunas del Sur de la provincia, tal es el caso de Chachahuén S.A., con operaciones en San Rafael desde 1999, y Globe Uranium Argentina, que también produjo torio durante los últimos 15 años. Además, la lista oficial incluyó a Rojas & Asociados, registrada a partir de 2002 para abocarse a la explotación de amianto, cuarzo, mica y talco, entre otros productos, publicó Sitio Andino.
Gustavo Santecchia, que provee bentonita, yeso y carbonato de calcio a petroleas y bodegas aseguró que “Estamos de acuerdo en que haya una suerte de depuración, aunque seguimos en actividad. Creo que es una decisión que se explica por dos factores: la crisis económica de larga data, y la pandemia, luego de la cual varias intentarán volver al ruedo. Los proyectos activos son los que más temprano o más tarde se van a desarrollar, como en San Juan”.
En el sector minero se destaca la convicción de que el plan de promoción al 2023 tiene sustento, a partir del hecho de que un proyecto de exploración conlleva de 3 a 5 años. Sin embargo, Santecchia advierte que “incluso para la 2da categoría (minas y canteras) hay inversiones que lamentablemente se suspendieron por el clima hostil que se creó a partir de lo que pasó con la 7722, que fue absurdo”.
Compás de espera
Una vez otorgada la baja definitiva a las empresas no les resultará fácil volver a darse de baja, pese al criterio de “barajar y dar de nuevo” por parte de la Secretaría de Minería para darle un plafón suficiente al Plan 2023.
La medida especifica que “La persona humana o jurídica que fuera dada de baja por la presente resolución no podrá solicitar su inscripción en el Registro de Inversiones Mineras (Ley Nº 24.196) hasta cumplidos 2 años contados desde que la baja se tornó definitiva”.
Por otra parte la baja provisoria les permitirá a las empresas alcanzadas a tramitar nuevamente el alta si cumplen 4 pasos (siempre que no hayan sido desafectadas definitivamente): rehabilitar su CUIT ante AFIP; acreditar inscripción en el Registro Único del ex Ministerio de Producción (RUMP); acreditar la constitución de sede electrónica; y finalmente, presentar las declaraciones juradas de su condición de inscriptas. Fuente Sitio Andino