El coordinador de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Juan Carlos Duré, consideró crucial una serie de datos que pidió al Ministerio de Agroindustria, para poder llevar adelante la investigación sobre irregularidades detectadas en licitaciones del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) por más de $ 1.500 millones en obras de riego.
De acuerdo con los documentos que fueron anticipados el lunes por el periodista Alejandro Alfié en Clarín, dos firmas mendocinas, CEOSA e Hydrotec están involucradas en obras realizadas en Catamarca.
El ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, aparece mencionado en la denuncia que la Oficina Anticorrupción (OA) presentó ante la Justicia en la que se pide que se investigue a funcionarios del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), quienes habrían favorecido la adjudicación de licitaciones de manera ilegal a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA).
Las actuaciones están en manos del Juzgado Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Puede decirse, sin embargo, que este lapso es considerado como "la época de oro" de las empresas del grupo del empresario mendocino Fernando Porretta, y en el se amplió a otros rubros, en el negocio publicitario de la vía pública, comprando o participando en medios de comunicación (Diario Vox, Jornada, Mendoza Post), concesionarias de autos y en actividades familiares como la vitivinícola. Todo eso, además de su presidencia en el club Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
A raíz de las menciones formuladas en las denuncias que sirvieron de base para la investigación, la Oficina Anticorrupción advirtió que a los nombres de Fernando Porretta y sus presuntos vínculos con Diego Fabián, funcionario del Prosap, del actual funcionario de Irrigación Fernando Gomensoro y de Juan Pablo Sánchez, había que sumarle la consideración que en una de las denuncias figuraba una persona sindicada como "Comenz Oro".
Según la Oficina Anticorrupción, estos vínculos le habrían permitido a CEOSA tener el privilegio de "saber de antemano que en una de las obras existía un tramo de 15 kilómetros en donde no sería necesario instalar una cañería que originalmente estaba prevista, certificar parcialmente ítems que exigían tener una certificación completa o que se le haya adjudicado una nueva licitación siendo que la empresa ya contaba con dos obras en ejecución, que se encontraban inconclusas, con los plazos de obra vencidos y con incumplimiento de los términos contractuales".
Por ello, la OA ve responsabilidades en todas las partes involucradas, con acento en los funcionarios nacionales de entonces.
