El presidente, Alberto Fernández, despertó una luz de alarma en Mendoza al poner en duda ayer los fondos para la construcción de la megaobra Portezuelo del Viento. En declaraciones en La Pampa el Mandatario aseguró que no quiere "financiar una obra que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias" del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). El Gobierno de Rodolfo Suárez se mostró preocupado por el futuro de la obra, destacó que se trata de una "jugada política" en contra del radicalismo, y señaló que seguirán adelante porque "todo lo exigido para la construcción está en regla".
Los fuertes dichos del Presidente en una provincia que ha estado en permanente conflicto con Mendoza por el agua de los ríos (Atuel y Colorado) se dieron a menos de un mes del plazo final para que las empresas participen de la licitación, que será el 3 de junio.
Pero también se enmarca luego de una avanzada del ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quien desarchivó anteayer un pedido de laudo de La Pampa (en el que pedía un nuevo estudio integral de impacto ambiental de la obra) que había sido desestimado por el ex presidente, Mauricio Macri en 2019; y además convocó a una reunión del Consejo de Gobierno para el 26 de junio de los 5 gobernadores integrantes del Coirco.
Ante esto, el Gobierno adelantó a Los Andes que seguirá avanzando en los procesos licitatorios y destacaron que "sólo podrán poner un freno jurídico al momento en el que se empiece a construir la obra, o si dejan de enviar el dinero que corresponde".
También corrigió al Presidente, al indicar que "no se está financiando una obra", sino que "corresponde realizar el pago por los perjuicios que tuvo Mendoza con la Promoción Industrial, en la cual la Provincia realizó un acuerdo extrajudicial con la Nación, que fue la construcción de la presa".
Hasta el momento, se han desembolsado U$S 37,2 millones (de un total de U$S 1.023 millones) en tres cuotas; y la cuarta debería ser acreditada en julio. ¿Cuestiones políticas?
Para el oficialismo local, la puesta en duda del Gobierno Nacional de la construcción se trata de un "pase de facturas" de la Nación al radicalismo, principal partido opositor en Juntos por el Cambio, en momentos en el que el frente de Todos busca en el Senado tratar de llegar a los dos tercios de los votos para que el juez federal, Daniel Rafecas, sea elegido como Procurador General.
Precisamente el mismo día en el que De Pedro tomó estas decisiones, fue cuando la oposición no le otorgó la mayoría especial que necesitaba el oficialismo para tratar dos leyes en el Senado, como la ley de Alquileres o la ley de educación a distancia. Pero el mensaje se lee, según la oposición, en la Nación no cuenta con los dos tercios para aprobar el pliego de Rafecas.
“Es un tema político, porque lo que piden formalmente es algo que ya se aprobó años atrás. El estudio integral de impacto ambiental de la obra y de la cuenca fue realizado por las Universidades del Litoral y de La Plata, y aprobado 4 a 1 en el Coirco. Sólo votó en contra La Pampa, y por eso se necesitó el laudo presidencial”, sostuvieron desde Casa de Gobierno.
Otra de las hipótesis es que el resto de las provincias que integran el Coirco (Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén) quieren acceder a los beneficios de la obra, y no suspender su construcción. En declaraciones a radio Futurock, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto sostuvo que no se oponen a la obra sino "a la construcción administrada por Mendoza. Esto es simple tiene que haber un comité de cuenca. Hubo un acuerdo de connivencia entre Macri y (Alfredo) Cornejo", lanzó.
