A menos de una semana de la desconexión del Reino Unido, la inquietud ronda en las flotas que operan en "Gran Sol" y, sobre todo, las que faenan en el área de las Islas Malvinas. Cuanto más nos vamos acercando al precipicio están surgiendo más incertidumbres y tensión, explica Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi).
Touza habla por una agrupación con muchos segmentos de flota afectados. Por un lado, están los de bandera británica, pero de capital y personal gallego que pescan en "aguas inglesas", que suman unos 89. A esos hay que añadir 33 barcos franceses e irlandeses que descargan habitualmente en el puerto de Vigo. En los sumandos también hay que incorporar los 19 grandes arrastreros con bandera de las islas Malvinas que operan en el Atlántico sur y los 24 arrastreros que faenan en el área de este archipiélago bajo soberanía británica y, por tanto, afectado por el divorcio de Gran Bretaña con la UE.
Nosotros hemos luchado desde el minuto uno por un acuerdo de retirada, que no significa más que cumplir una serie de pautas en el período de transición para enseguida ponernos a trabajar en la futura relación entre el Reino Unido y la UE, explica el presidente de Arvi. Una negociación en la que, según los armadores vigueses, Galicia tiene mucho que decir: "Nosotros como gallegos y como principales pesqueros, queremos tener un protagonismo claro a la hora de fundar la relación de buena vecindad inteligente para regular las materias pesqueras entre el Reino Unido y la Unión Europea".
Vigo aún confían en que haya acuerdo. Un deseo todavía más ferviente para el área de las Malvinas, cuyo Gobierno se ha mostrado abiertamente proclive a negociar un acuerdo con la UE. Y aunque, como apunta Touza, eso son "decisiones de altas esferas políticas", sí tiene constancia del interés del Gobierno de las Malvinas por seguir manteniendo la relación pesquera con Europa. Nada extraño, por otra parte, dado que el PIB del país depende de las exportaciones cárnicas y pesqueras a la UE y es, como Galicia, Es decir, que se continúe permitiendo el acceso a través de licencias privadas y que este acceso tenga su reciprocidad con la apertura del mercado comunitario a los productos de las Malvinas libres de aranceles como hasta ahora en base a la consideración de territorio europeo que tiene en tanto no se produzca la desconexión británica.