La nota firmada por el secretario Jorge Argüello y dirigida al subsecretario de Malvinas de la Cancillería, embajador Mateo Estremé, recuerda el 27 de septiembre de 1995 la República Argentina y el Reino Unido habían acordado mediante la "Declaración Conjunta sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental" cooperar a fin de alentar actividades en el área en disputa en relación a la exploración y explotación costa afuera de hidrocarburos por industrias petroleras o gasíferas. Dados los constantes y continuos actos unilaterales británicos violatorios del espíritu de la Declaración, la Argentina dio por terminada dicha cooperación el 27 de marzo de 2007.
Dada la continuidad del accionar unilateral británico el 16 de marzo de 2011 se aprobó la ley 26.659 a efectos de proteger los recursos hidrocarburíferos de nuestro país ubicados en la plataforma continental y de sancionar a aquellas empresas y sus directivos que exploren y/o exploten dichos recursos o que tengan participación directa o indirecta en dichas empresas y/o que realicen transacciones, actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, sin la autorización del Gobierno argentino.
Habida cuenta de que la empresa Rockhopper pretende disponer de recursos naturales no renovables pertenecientes al Estado argentino sin la autorización correspondiente, es que desde el gobierno fueguino se requirió a la Cancillería la elevación de una formal nota de protesta ante el Gobierno del Reino Unido y manifestar ante las empresas del sector y ante las que realicen operaciones en la Bolsa de Comercio de Londres, las consecuencias legales que se desprenden de la participación en este tipo de actividades en clara violación a la normativa nacional y a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que constituyen un grave detrimento de nuestros derechos de soberanía sobre nuestra plataforma continental.
Cabe acotar que el gobierno de Mauricio Macri adjudicó 18 áreas de exploración offshore, entre las que se incluyen zonas alrededor de las Malvinas. Los permisos fueron otorgados por la Secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui a una docena de empresas extranjeras y la estatal YPF. Esta decisión que compromete seriamente a los derechos soberanos argentinos sobre el Atlántico Sur fue duramente cuestionada y protestada por el gobierno de Tierra del Fuego.
