“Si tocan a Cristina, nos tocan a todos”, reiteró desafiante la dirigente kirchnerista jujeña Leila Chaher al salir una vez más en defensa de Cristina Fernández de Kirchner después que se conociera el fallo con el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua del ejercicio de cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, para la expresidenta.
“Quienes defendemos lo nacional y popular tenemos la obligación moral de seguir brindando nuestro apoyo a la máxima conductora del justicialismo”, dijo la diputada nacional del bloque opositor Unión por la Patria, que el martes estuvo en Buenos Aires en la sede del Partido Justicialista nacional, donde la exmandataria entre 2007 y 2015 habló ante dirigentes y militantes que se reunieron para expresarle su apoyo.
Interpreta la líder de La Cámpora en Jujuy que “esta condena, promovida por (Héctor) Magnetto -director ejecutivo del Grupo Clarín- y los sectores concentrados del poder, atenta contra nuestra democracia y contra quien siempre trabajó en favor de los sectores más vulnerables”, según su visión.
La Justicia dio este martes a CFK, de 72 años, un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales federales situados en la calle Comodoro Py de CABA, para su detención. Dicho plazo se cumple el miércoles próximo puesto que el lunes será feriado.
La legislación penal argentina permite que las personas mayores de 70 años accedan al beneficio de prisión domiciliaria, siempre que se cumplan determinadas condiciones y sea autorizado por el tribunal correspondiente.
En paralelo, el tribunal que la juzgó requirió al Ministerio de Seguridad nacional que en el término de 24 horas asigne una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para alojar a la condenada, teniendo en cuenta su edad, su condición de exmandataria y el intento de asesinato que sufrió en 2022.
Respecto de la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que también se impuso a Fernández de Kirchner en la condena dictada en 2022, el tribunal oral dispuso notificar a la Cámara Nacional Electoral de que la sentencia ha quedado firme.
“LE ROBARON A LOS ARGENTINOS...”
“La proscripción de Cristina y la negación de su derecho a participar en elecciones libres y transparentes solo demuestran que le tienen miedo”, aseguró Leila Chaher.
La actual presidenta del PJ nacional había anunciado la semana pasada su intención de presentarse como candidata a diputada provincial en las elecciones a celebrarse en septiembre en la provincia de Buenos Aires.
“Le robaron a los argentinos la posibilidad de elegir”, se quejó la dirigente jujeña, a la vez de advertir que “no vamos a permitir que una minoría privilegiada imponga su agenda antidemocrática” y prometer que “vamos a defender el proyecto nacional con convicción, con organización y en la calle, como lo hicimos siempre”.
Con el mismo tono Chaher recitó la consigna “si tocan a Cristina, nos tocan a todos”, para luego asegurar que “los peronistas sabemos resistir y vamos a luchar por el pueblo incansablemente. No dejamos de brindar todo nuestro acompañamiento a nuestra mayor conductora”, remarcó.
De la investigación que derivó en la condena de seis años de prisión para su líder, como única defensa la legisladora nacional dijo que la denominada “Causa Vialidad” “estuvo siempre plagada de irregularidades, porque detrás de todo están los sectores que concentran el poder en la Argentina”.
“LA GENTE COBRA SALARIOS DE MISERIA”
“Me pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria”, dijo la exjefa del Estado el martes a la noche ante seguidores en la vigilia montada a las puertas de su domicilio de la calle San José, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dado que la ley contempla el beneficio de prisión domiciliaria para mayores de 70 años condenados por delitos comunes, la exmandataria solicitó cumplir la pena en su departamento del barrio porteño Constitución, ubicado a minutos del Congreso Nacional, cerca de donde vive su hija Florencia.
Tiene además un domicilio legal en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, 2.600 km al sur de Buenos Aires.
Pidió también ser eximida de llevar tobillera electrónica ya que tiene custodia policial desde el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
