Un proyecto de ley que pondría límites al recurso de recusación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy vigente en la actualidad, abrió una controversia que pone de un lado a los abogados del foro jujeño, enfrente a los magistrados del más alto tribunal local, y al medio la Legislatura de la Provincia, que, paradójicamente, deberá decidir quiénes tienen razón en este conflicto.
La cuestión fue abordada en un plenario de las comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados al que concurrieron miembros del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy encabezados por su presidente Ramiro Tizón, a los fines de hacer aportes para el debate en el análisis del proyecto enviado por la Corte provincial.
La iniciativa que bajó desde el décimo piso del edificio central de los Tribunales busca modificar el artículo 33 del Código Procesal Civil de Jujuy, que prevé la recusación sin causa de los jueces de la Suprema Corte.
“Los Códigos permiten la recusación (de jueces) con o sin causa, es un derecho que tienen las partes; y el Código provincial prevé la recusación sin causa. Ahora hay una propuesta que busca limitar esta recusación”, explicó el diputado que preside la comisión de Legislación General, Adriano Morone.
ESTO RECIÉN EMPIEZA
“El Colegio de Abogados planteó una mirada distinta” objetando que “el nuevo Código que entró en vigencia hace poco, deba ser objeto de reforma”, agregó Morone, no sin conceder que quizás “con el andar se hagan necesarios ciertos retoques” tanto en el Código Procesal Civil y como en el Penal.
“Hace diez días que está en vigencia el nuevo Código, y empezar a reformarlo creemos que no es el momento”, planteó el Presidente del Colegio de Abogados, al tiempo que advirtió que “esto nos va a llevar a que en no mucho tiempo haya una infinidad de modificaciones, porque cada actor de la sociedad pueda tener inconvenientes y considerar modificar ciertos artículos” de la normativa, razonó Tizón.
Con el mismo tono consideró que “para que la modificación sea armónica es necesario dejar pasar un cierto tiempo” y en esa línea hizo saber a los legisladores que el Colegio de Abogados pondrá a funcionar un observatorio “de estas nuevas leyes que se está aplicando, para saber cómo repercute esto en nuestros colegas y nuestros mandantes”.
UNA DISCUSIÓN DE TRES
Por su parte, la presidenta de la comisión de Asuntos Institucionales, Gisel Bravo, señaló la importancia de un trabajo articulado con las partes involucradas, de manera que “escuchar los aportes de quienes representan a los abogados es crucial”, y en el mismo sentido consideró “necesario que todos los actores involucrados, la Suprema Corte, Legislatura y Colegio de Abogados, debemos acordar ciertos puntos para poder avanzar”.
Coincidió con esto el diputado Morone al afirmar que en los próximos días “se va a seguir trabajando sobre este tema” y “seguramente vamos a escuchar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia” también.
Finalmente, quedándose con la última palabra al conversar con los periodistas acreditados en la Cámara, el Presidente del Colegio de Abogados fue tajante al resumir su posición diciendo que el “proyecto de la Suprema Corte no ayuda; la recusación de los jueces de la Suprema Corte es un derecho de los judiciables, por lo tanto el Código debe mantenerse como está”, sentenció Ramiro Tizón, el mismo que hasta diciembre pasado era diputado provincial.
