Acusando a la empresa de no haber cumplido sus compromisos y con ello haber posibilitado que se desencadenara una fuerte ola de contagios entre su propio personal, con más de dos centenares de casos positivos de Covid-19, el Gobierno de Jujuy denunció ante la Justicia a la minera Exar "por considerarla penalmente responsable de la cadena de contagios masivos".
En un comunicado de prensa difundido este viernes, las autoridades sostienen que hubo una "expresa y temeraria decisión de la empresa de no cumplir la normativa sanitaria de prevención de la enfermedad y por las omisiones, incumplimiento y falta de control del Procedimiento Preventivo de Bioseguridad presentado voluntariamente por la misma denunciada ante el Comité Operativo de Emergencia".
La denuncia, presentada en el fuero penal, plantea que existe una "causa fundamental" que "generó y potenció" las posibilidades de contagios en el ámbito de la empresa -dedicada a la producción de carbonato de litio- y las comunidades, además del "incumplimiento y omisiones puntuales de medidas de protocolo y de pura lógica por todos conocidas y ampliamente difundidas en el mundo".
Dicha causa es -a juicio del Gobierno- "la decisión empresaria de los directivos y CEOS de mantener y no reducir durante la emergencia la dotación de trabajadores sino sostenerla en un número cercano a los 1.000 trabajadores, sobre un total de 1.100 que allí se desempeñan habitualmente".
Según revelaron fuentes oficiales, el escrito advierte que esa decisión de la empresa "incumple lo previsto en Art. 4 Punto 2 de la Resolución N° 036-MTyE/ 2020, que impone a las empresas a que durante la emergencia se organice el trabajo de modo que se reduzca el número de empleados al 50%, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto persona a persona".
Entre los fundamentos de la denuncia se menciona que otras empresas del rubro que operan en la provincia -Sales de Jujuy, Mina Pirquitas, Mina El Aguilar y otras-, cumpliendo con la normativa preventiva "redujeron su planta de trabajadores durante la emergencia", además de activar "procedimientos muy estrictos de testeos de su personal".
En abono de su planteo, el Gobierno hace notar a la vez que "la regla básica fundamental, tanto en instituciones públicas como privadas, empresas y asociaciones, es y sigue siendo bajar considerablemente (la norma establece por lo menos un 50%) la cantidad de trabajadores y por lo tanto la reducción del ritmo de actividades de este tipo con gran cantidad de personas en el campamento".
La razón del contagio masivo
Con todos estos elementos y otros varios argumentos, las autoridades afirman que "la principal responsabilidad penal" les cabe al órgano directivo y ejecutivos de la empresa, "quienes tomaron la decisión corporativa de mantener el número de trabajadores activos de la planta habitual y aglomerar así la mayor cantidad de trabajadores", lo que iría "en contra de las recomendaciones, exigencias y prácticas adoptadas por el resto de las empresas dedicadas a la minería".
Al explayarse en el cuerpo de la denuncia, el Gobierno asevera que con su decisión los directivos de la compañía minera "expusieron a sabiendas a trabajadores y comunidades" al masivo contagio que se registra por estos días.
"Es oportuno recordar que hasta el momento de detectarse el primer contagio en Exar y la sucesión lógica de nuevos contagios, las comunidades y todo el departamento Susques no registraban casos positivos de Covid-19", acota la denuncia, no sin agregar que esto hizo agravar la situación epidemiológica en toda la provincia.
"Es más, las comunidades de la zona y pueblos originarios, a diferencia de la empresa, venían cuidando y adoptando todas las medidas de bioseguridad", se destaca en el texto.
La presentación es también contundente al aseverar que los incumplimientos enunciados "son imputables a los responsables y gerentes de la empresa, cuya función era la de garantizar e implementar en el ámbito laboral y en la operatoria cotidiana, la observancia de los procedimientos y normas de prevención referidas".
Aprovechan ese pasaje los denunciantes para señalar que las normas básicas son "las relacionadas a evitar la aglomeración de personas, mantener el distanciamiento social, obligatoriedad del uso de elementos de protección personal (EPP) y barbijo, y a toda medida de bioseguridad laboral".
