Un anteproyecto de ley para la suspensión de las ejecuciones contra el Estado provincial mientras dure la pandemia por el coronavirus Covid-19 puso en alerta al foro de abogados jujeños, que ha reaccionado como mínimo con preocupación, como lo planteó el Colegio que los nuclea, aunque también hay profesionales que ya piden el juicio político del promotor de la iniciativa, el gobernador Gerardo Morales.
De poco parece haber servido que en una reunión de la comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, su presidente, el diputado Ramiro Tizón, explicara a miembros del Colegio de Abogados de Jujuy (CAJ) que "lo que se está proponiendo es un ordenamiento de los pagos por ciento ochenta días, que se ponga un orden a los pagos que tiene que realizar el Estado en los juicios; no la suspensión de los juicios contra el Estado", aclaró.
Si bien la presidente de la entidad colegiada, la abogada Gabriela Igarzábal, dijo tras el encuentro que "haremos aportes al proyecto para que podamos afrontar esta situación", por su lado un grupo de abogados "autoconvocados" tomó distancia de esa posición y presentó en la Legislatura un pedido de promoción de juicio político contra el mandatario provincial
En declaraciones a los periodistas acreditados en la Legislatura, Tizón reconoció que "hay determinados tipos de juicios" -como los pleitos en los que "existe un daño a la salud, a la vida de algunas personas"-, que no pueden ser postergados, "o incluso el tema de los honorarios profesionales de los abogados, los procuradores, de los peritos, que tampoco pueden suspenderse", señaló.
Por ello es que en procura de que "no haya inconstitucionalidades", los miembros de la comisión "estamos incorporando las sugerencias que nos parecen que son razonables y necesarias. Hemos escuchado la opinión del Colegio de Abogados, de los diputados de todos los bloques, y sobre eso trabajaremos", indicó.
Así, con todos los elementos necesarios sobre la mesa, "habrá que ver la manera de ordenar los pagos, pero no suspender, y menos por largo tiempo. Es poner un orden de prelación" para determinar "cómo cobrarán los acreedores de juicios del Estado", reiteró el diputado Tizón.
En cambio, el abogado Riad Quintar -conocido referente y exlegislador justicialista-, al concurrir a la Legislatura para presentar un pedido de juicio político a Gerardo Morales argumentó que "el Gobernador no puede despertarse un día y decir 'esta sentencia queda sin efecto, a esta gente no le pago'".
El grupo de abogados "autoconvocados" al que representa Quintar dice que el Gobernador "no tiene facultades para generar una ley de estas características", y se aprobarse sería "inconstitucional" y atentatoria contra la propiedad privada.
