Una familia y sus tres hijos vivieron una situación traumática en una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda cuando el instituto llevó a cabo un desalojo con personal de esa dependencia y la policía de la provincia.
Llegaron durante la mañana del día de ayer cuando no había nadie en la casa, rompieron la cerradura y sacaron muebles como colchones y ropas a la calle.
Aunque el desalojo se había resuelto debido a que las casas del IPV no pueden ser vendidas, los vecinos y la abogada de la familia pidieron a quienes llevaban adelante el desalojo que les dieran tiempo para conseguir otro lugar adonde ir a vivir.
Sin embargo fueron inflexibles a pesar de llanto y la desesperación de quienes estaban en la vivienda y no hubo ruegos que sirvieran para darles un nuevo plazo para que tuvieran tiempo de alquilar algo donde trasladarse.
La casa se las habría vendido un empleado del propio IPV a quien le habrían sustanciado un sumario administrativo y la recomendación en medio de tanta desesperación de los funcionarios es que le hicieran una denuncia por estafa.
En plena pandemia rige el DNU que prohíbe los desalojos pero según la abogada del organismo no aplica para terceros habitantes de una vivienda.
La respuesta oficial del titular del IPV, Ingeniero Marcelo Uguelli, fue que se trata de una recuperación de 20 casas y precisó que el IPV tiene un sistema de control del barrio, con sede en La Nueva Formosa, y cada tres o cuatro meses efectúan una recorrida, atendiendo las denuncias que los mismos vecinos efectúan, relacionadas con situaciones de irregularidad.
Es una casa donde hubo una venta. Todos sabemos que este tipo de operatoria está prohibida y la vivienda sigue siendo propiedad del IPV hasta tanto no se cancele la deuda y se haga la escritura en favor del particular", detalló el funcionario.
Sostuvo que "es un caso que venimos siguiendo, porque ya se produjo la falta de ocupación real y efectiva, se intimó a la adjudicataria a que la ocupe, ocupó transitoriamente y después vinimos a descubrir terceras personas no autorizadas en la vivienda".
Tras la constatación de la ocupación de la unidad habitacional por parte de una familia que no fue adjudicada, empezó un trámite que duró bastante tiempo. Aquí el ingeniero Ugelli aclaró: "No es que se saca a una familia de la noche a la mañana como aluden ellos. Se inició un trámite administrativo que culminó el día 2 del mes pasado y se le informó a ellos el día 3 de julio que debían desalojar la vivienda".
