Las medidas que sigue implementando el Gobierno nacional, con el foco en frenar la escalada de la inflación, lo ubican en la segunda etapa de Precios Justos y su negociación con las empresas. En ese sentido, el objetivo principal se ubica en buscar topes para nuevos productos cercanos al 3%.
Cabe recordar que el acuerdo de Precios Justos termina a finales de febrero, por lo que la Secretaría de Comercio busca una renovación de los mismos hasta fines de junio. La secretaría a cargo de Matías Tombolini ya inició conversaciones con las principales empresas de consumo masivo.
Nuevos Precios Justos
La intención del Gobierno es que una vez finalizado el programa actual, comience uno nuevo a partir del 1° de marzo y hasta junio. El mismo podría llegar a tener una sola actualización de valores, mientras que la idea sería que los precios no superen el 4% de aumento mensual.
Asimismo, se persigue que los incrementos en unos 30.000 productos por fuera de los seleccionados, comiencen a descender en sus precios, y que la actualización de los mismos se ubique en torno al 3%.
Sin embargo, la meta que se persigue resulta complicada de cumplir. Consultoras privadas hablan de una inflación en lo que va de enero 2023 ya cercana al 5,5%.
El otro factor a tener en cuenta es el de la sequía, que afecta notablemente a agricultores, lo que termina trasladándose a los precios finales. El dólar “blue” es otra arista que dificulta las aspiraciones del oficialismo.
Mientras tanto, la puja en el actual programa de Precios Justos pasa por el adecuado abastecimiento de los productos, así como una clara señalización de los mismos y que no haya restricciones por persona o grupo familiar en cuanto a las unidades que se puedan comprar.
En ese sentido, el Gobierno ya anunció días atrás los controles y las multas que estará aplicando a los comercios que infrinjan alguno o todos de estos ítems.
A todo esto, otro actor importante de Precios Justos fue el Sindicato de Camioneros, así como otros gremios y organizaciones sociales. Estos se dedicaron a ayudar al Gobierno a controlar que los requerimientos se cumplan.
